Partes: Medero Alejandro Alberto y otro c/ Volkswagen Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 17-jul-2015

Cita: MJ-JU-M-94459-AR | MJJ94459 | MJJ94459

Condenan a una concesionaria a entregar al actor una unidad cero kilómetro de las mismas características de la que había obtenido, al tenerse las reparaciones realizadas como no satisfactorias. Cuadro de rubros indemnizatorios.

microjuris7

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que ordenó a las firmas demandadas a entregar a la parte actora, un automotor cero kilómetro de la marca obtenida, y en el caso de resultar imposible por haberse dejado de fabricar, una unidad que lo haya reemplazado, puesto que en el caso, se encuentra configurada la causal de reparación insatisfactoria prevista por el art. 17 de la Ley de Defensa del Consumidor, en cuanto establece que en los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria, por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas, para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede optar entre otras; pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características.

2.-Cabe coincidir con el sentenciante de grado, en que se acreditó en el caso una falla o defecto de fabricación de envergadura tal, que determinó el reemplazo del motor-fisura en el segundo cilindro- señalando que; las circunstancias alegadas en la queja vertida sobre el cumplimiento de la garantía post venta, no impide el reclamo, en los términos que se iniciara la presente acción de daños, y que conduce incuestionablemente a comprometer, la responsabilidad objetiva de la accionada, consagrada el art. 40 de la Ley 24.240, que prevee, entre otras situaciones, a los defectos de fabricación ,en el cual el factor de atribución es el vicio o riesgo de la cosa, o el vicio o riesgo del sistema prestado.

3.-Si bien el dictamen pericial manifestó que la unidad al momento de la inspección, no presentó condiciones como para afirmar, que no es apta para su uso, ello en forma alguna permite concluir en que se trataría de una reparación óptima, ponderando especialmente que el ensamble del motor reemplazado, no fue efectuado en línea de origen, esto implica sin lugar a dudas que el rodado quedara en un estado distinto del original, que es el que normalmente se comercializa, por lo que no puede afirmarse que exista una reparación satisfactoria, que impida la actuación de lo previsto por el art. 17 de la Ley 24.240.

4.-Debe recordarse que se ha sostenido que la reparación, para ser considerada satisfactoria debe dejar al bien en un estado idéntico al producto original que normalmente se comercializa, es decir; ni mejor ni peor que el que se vende nuevo, extremo que obviamente no se configura en el caso.

5.-Asimismo se ha precisado que las condiciones óptimas de uso normal deben considerarse en función de las legítimas expectativas del adquirente, de acuerdo a las circunstancias de cada caso y así, quien compra un automóvil nuevo, como en el caso de alta gama y reconocida marca, tendrá legítimamente las expectativas de sus prestaciones y disfrute en las mejores condiciones y no solamente de un uso regular que bien podría brindárselo un vehículo usado.

6.-Debe rechazarse el agravio de la demandada, pues de seguirse su criterio, se tornaría inoperante la protección brindada por el art. 42 de la CN. a los consumidores, dado que el responsable en reparar la cosa vendida podría ofrecer ilimitados intentos de sustituir las piezas del rodado sin que nunca se configure la reparación no satisfactoria que la norma intenta evitar mediante el derecho de sustituir la cosa vendida, todo ello en aras de velar por los intereses económicos de los consumidores -la calidad de productos y servicios, la justicia contractual y la reparación de daños-, parte débil en el contrato

7.-No puede perderse de vista que el bien adquirido era un automotor importado, 0 km. de alta gama, de una marca, ampliamente reconocida en la plaza automotor, por el cual los accionantes abonaron una considerable suma de dinero, teniendo en miras, tal como señalara acertadamente el Sr. Juez de grado, tanto su seguridad, su confort, su calidad como el prestigio de la marca ofrecida, en virtud de lo cual, resulta razonable sostener, que el adquirente tenga el derecho y las expectativas, de recibir el rodado, en óptimas condiciones, sin defectos ni imperfecciones, de ninguna naturaleza, mucho menos en un sector tan sensible y vital, como es el motor de la unidad, y ello a fin de cumplir la prestación que le es propia, a la clase y a la categoría, que reviste el producto de autos.

8.-Cabe señalar que la frustración de la finalidad para la que estaba destinada la unidad adquirida, no se limita a la última reparación, sino que quedó configurada por las numerosas fallas y/o desperfectos de diverso tipo, que motivaron los reiterados ingresos de la unidad al servicio técnico, según las respectivas órdenes de reparación, que da cuenta el dictamen pericial.

9.-Dicho cuadro de situación permite tener por acreditado que el automóvil, de las características del adquirido por la parte actora, al no cumplir con los requisitos normales y esperables de durabilidad, utilidad y fiabilidad, pese a las múltiples reparaciones a las que resultó sometido, no resultó apto para satisfacer en plenitud la finalidad para la cual estaba destinado.

10.-A mayor abundamiento y ante la duda relativa a si la cosa reúne las condiciones óptimas o no, deberá estarse siempre a favor del consumidor, tal como lo determina el art. 37, segundo párr., primera parte de la ley, en tanto establece que la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor, criterio que deberá tomarse atendiendo a las particularidades propias del caso.

11.-Debe modificarse la sentencia apelada, debiendo acogerse los agravios del actor respecto a la procedencia del rubro daño moral, toda vez que la entidad del padecimiento moral del accionante surge inmediatamente de los hechos, ponderando el cúmulo de vicisitudes que el consumidor tuvo que atravesar, frente a los reiterados desperfectos sufridos en su rodado; su ingreso a taller en siete oportunidades, los sinsabores propios que significan concurrir en pos de su reparación atendiendo asimismo la natural frustración e impotencia que muy probablemente le deparó, advertir que el vehículo 0km y de alta gama adquirido y de la calidad que distingue la marca demandada, tenia una fisura en el segundo cilindro, que determinó el reemplazo del motor.

12.-Debe rechazarse el agravio de la demandada respecto a lo resuelto en torno a los intereses, cuyo computo se fijó a partir de la fecha en la cual se celebró el contrato de compraventa de la unidad, entendiendo que de su parte no hubo incumplimiento y que los intereses, se deben fijar desde que la unidad entró en los talleres de la concesionaria, atento a como ha sido resuelta la cuestión, sin perjuicio de señalar que conforme la doctrina y jurisprudencia mayoritaria vigente en el fuero, respecto al inicio del cómputo de los intereses, no caben dudas acerca de cual es la oportunidad a partir de la cual se generan los réditos sobre el capital de condena, se devengan a partir de cada perjuicio de reparación, por lo que corresponde confirmar el inicio del computo de la tasa activa, no cuestionada por las partes, que fuera fijada en la instancia de grado.

13.-Siendo que las demandadas resultaron sustancialmente vencidas, por aplicación del principio de la derrota objetiva reconocido en el art. 68 del CPCCN., juzgo correcto que éstas carguen con las costas, no advirtiéndose en la especie, elementos que me permitan válidamente apartarse del principio general invocado.

Fallo:

Buenos Aires, a los 17 días del mes de julio de 2015, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “Medero Alejandro Alberto y otro c/ Volkswagen Argentina S.A. y otro s/daños y perjuicios” La Dra. Marta del Rosario Mattera dijo:

I.­ La sentencia de fs. 439/457 hizo lugar a la demanda entablada, condenando a las demandadas Volkswagen Argentina S. A. y a Espasa S.A. a entregar a la parte actora, un automotor cero kilómetro, Marca Audi A3, 2.0, TDI Quattro y en el caso de resultar imposible por haberse dejado de fabricar, se deberá entregar una unidad que lo haya reemplazado. Asimismo ordena a la parte actora, que en el acto de recepción del nuevo rodado, proceda a la devolución del automotor dominio GNA­392. Condena asimismo a los accionados al pago de las sumas indicadas en el considerando IV., apartado a) con mas sus intereses y costas, debiéndose oficiar a la Dirección Jurídica de Protección al Consumidor, Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de poner en conocimiento la sentencia recaída en las presentes actuaciones.­ Contra dicho pronunciamiento se alzan todas las partes, expresando agravios la parte actora en el escrito obrante a fs. 504/505 y la aparte demandada Volkswagen Argentina S. A. a fs. 507/521. Corridos los pertinentes traslados de ley, luce el responde de la demandada a fs. 524/527.­ A fs.531 se dicta el llamado de autos, providencia que se encuentra firme quedando entonces los presentes en estado de dictar sentencia.­

II.­Agravios La base de la queja esgrimida por la parte actora se funda en la desestimación del rubro daño moral.­

Por su parte la demandada Volkswagen Argentina S. A.se agravia sustancialmente, de la valoración efectuada en la instancia de grado, de la pericial mecánica, omitiendo ponderar que los inconvenientes que el vehículo presentaba fueron satisfactoriamente reparados, sin costo alguno para el accionante, cumpliendo de esa forma con la obligación de garantía debida, sin perjuicio de ello, considera que el sentenciante arbitraria e indebidamente hizo lugar a la sustitución, dispuesta por el Art 17 inc a de la ley 24240.­ Asimismo cuestiona la procedencia y cuantía de la indemnización por privación de uso y gastos de traslado, como la fecha a partir de la cual se deben computarse los intereses fijados y la imposición de costas a su parte.­ III.­ No está discutido en autos que la parte actora adquirió con fecha 30/7/2007, un automotor Audi Modelo A3, 2.0, TDI Quattro, Sedan 4 puertas, por la suma de $ 137.904,15, el cual presentó diversos desperfectos y fue objeto de distintas reparaciones, por parte del servicio técnico, para finalmente y ante las serios inconvenientes que presentaba, reemplazarse el motor original de la unidad por uno nuevo.­ En principio cabe señalar que atento las características de la operación, y la circunstancia de que el vehículo en cuestión, estaba destinado al uso particular del adquirente, encuadra el caso nítidamente dentro de las previsiones de la Ley 24.240 que por otro lado resulta aplicable al caso.­ En este sentido cabe recordar que los derechos de los consumidores y usuarios gozan de garantía en nuestra Constitución Nacional, la que en su art.

42 dispone que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.­ El derecho a la protección de los intereses económicos está estrechamente ligado a la pretensión de calidad de los productos y servicios y a la vigencia de una auténtica justicia contractual, asícomo a un sistema de compensación efectiva en materia de reparación de daños (conf. Stiglitz, Rubén S., “Contratos Civiles y Comerciales. Parte General”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2010, T° I, pág. 244).­ La protección de los intereses económicos de los consumidores exige una garantía de la adecuación e inocuidad de los productos. Se pretende que cumplan con standards de calidad que los hagan aptos para satisfacer la finalidad a la que están destinados. En esa línea, las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor exigen que los productos cumplan los requisitos normales de durabilidad, utilidad y fiabilidad (art. 16) (conf. Stiglitz, Rubén S., “Contratos Civiles y Comerciales. Parte General”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2010, T° II, pág. 281, CNCom, Sala A, 31/5/2013,”Sapas Patricia Noemi c/ Forest Car y otros s/ Ordinario” (Expediente N° 107.389, Registro de Cámara N° 007.312/2007).­

IV.­ Dicho todo esto y ante el marco fáctico de los presentes, asume particular relevancia, para dirimir la controversia planteada, el resultado que arroja la prueba pericial de ingeniería, a fin de determinar si ha existido un defecto de fabricación en el vehículo del actor y/o una insuficiente reparación por parte de la accionada, que torne aplicable el sistema de responsabilidad objetiva que consagra el art. 40 de la ley 24.240. La norma concreta el deber general de seguridad que como principio informador del sistema de defensa de los consumidores determinan los artículos 5° y 6° de la ley.­ La norma consagra un sistema de responsabilidad objetiva, entre otras situaciones por defectos de fabricación, en el cual el factor de atribución es el vicio o riesgo de la cosa (o el vicio o riesgo del sistema prestado), de manera tal que la víctima sólo debe acreditar el daño sufrido y la relación de causalidad entre este último y la cosa (o servicio) en cuestión, prescindiendo de la prueba de la culpa del legitimado pasivo (conf. Rouillón, A.y Alonso, D., Código de Comercio, comentado y anotado, Buenos Aires, 2006, t. V., ps. 1200/1201, n° 2; Farina, J., Defensa del consumidor y del usuario, Buenos Aires, 2004, p. 453; Picasso, S. y Vázquez Ferreyra, R., Ley de defensa del consumidor, comentada y anotada, Buenos Aires, 2009, t. I, p. 514 y ss.; Fernández, R., Gómez Leo, O. y Aicega, M. V., Tratado teórico­práctico de derecho comercial, Buenos Aires, 2009, t. II­B, ps. 1131/1132).­ Para hacer jugar la responsabilidad objetiva indicada, el consumidor damnificado debe probar el defecto, el daño y la conexión causal entre el defecto y el daño (conf. Pizarro, D., Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, Buenos Aires, 2007, t. II, ps. 381/382; Rouillón, A. y Alonso, D., ob. cit., t. V, p. 1205, n° 11; C.N.Com Sala D, 18/2/2010, ‘Figueroa, Gonzalo Esteban c/ Fiat Auto Argentina S.A. y otro s/ ordinario”; íd. 12/8/2013, “Poggio, Susana Beatriz y otro c/ Renault Argentina S.A. y otro s/ sumario”).­ A su vez para exonerarse de esa responsabilidad objetiva, total o parcialmente, el presunto responsable debe probar, que la causa del daño le ha sido ajena es decir deberá acreditar la culpa de la víctima, el hecho de un tercero por quien no debe responder o el caso fortuito ajeno al producto o cosa que fracture la relación de causalidad (conf. CNCom., 3/6/2014, ” Barrionuevo José Luis y otro c/ Ford Argentina SCA s/ ordinario” Cita: MJ­JU­M­87745­AR | MJJ87745 | MJJ87745).­

En este sentido la normativa referida sigue los postulados del nuevo derecho en materia de daños que, con una concepción más solidarista, se centra en la comprobación de la existencia de un daño efectivamente sufrido por sobre la valoración de la conducta del autor.(CNCom. Sala A, 20/5/2014, “Geddes Enrique c/ General Motors de Argentina S.R.L. y otros s/ sumarísimo” ).­ Sentado ello, el experto designado en autos, señaló en su dictamen de fs.231/236, que con fecha 8­5­2009, el actor habría retirado la unidad de la concesionaria Espasa, con el nuevo motor, que había ingresado para su reparación definitiva en fecha 2­2­2009.­ Que en dicho período el servicio técnico decidió y produjo el cambio de motor, antes las serias fallas del motor original, por uno nuevo de similares características.­ Preguntado si las fallas verificadas, fueron detectadas en partes vitales del vehículo, respondió que el cambio de motor realizado en el período de garantía, se constituyó en una reparación vital del vehículo, señalando que es posible inferir que en autos de alta gama, un cambio de motor pueda afectar también su valor de reventa.­ En cuanto a si es la unidad es apta para su uso, manifestó que no presentó condiciones como para afirmar, que no es apta, para su uso, en oportunidad que se hiciera la verificación el 26­8­11.­ En el responde al pedido de aclaraciones de la parte actora, obrante a fs.

248, manifiesta el experto que el cambio de motor de una unidad 0Km, por otro original de fábrica, durante el periodo de garantía, no es habitual, constituye en general, para las diferentes fábricas de automotores una medida extrema, frente a fallas de envergadura, de incidencia muy baja respecto al total de automotores producidos.­ Manifiesta que es posible considerar que los eventuales compradores adquirentes de un vehículo de los denominados de alta gama, teniendo conocimiento de un cambio de motor, parte vital del automóvil, por fallas de consideración en el proceso de fabricación, pueden valerse de tal circunstancia, para decidir su compra y por ende influir en el precio final.­ A fs.294 señala que debe contemplarse el ensamble no producido en línea de producción de origen.Que no es demostrable desde el punto de vista científico ni físico matemático, pero si, desde el punto de vista técnico, el ensamble original en fábrica vs ensamble local, para resolver una falla de vital importancia en el motor original, mediante su reemplazo por uno nuevo.­ En virtud de ello coincido con el sentenciante de grado, en que se acreditó en el caso una falla o defecto de fabricación de envergadura tal, que determinó el reemplazo del motor (fisura en el segundo cilindro) señaland o que las circunstancias alegadas en la queja vertida sobre el cumplimiento de la garantía post venta, no impide el reclamo, en los términos que se iniciara la presente acción de daños, y que conduce incuestionablemente a comprometer, la responsabilidad patrimonial de la accionada.­ Cabe hacer referencia al acta notarial de fs.20/21 donde el Sr. Medero no acepta el cambio de motor, entre otras razones porque al modificarse el título de propiedad automotor, constando en el mismo el citado reemplazo, genera una presunción en el mercado que desvaloriza la unidad.­ Puntualmente el argumento sostenido por la demandada fue que la reparación es insatisfactoria cuando luego de reparada la unidad, no reúne las condiciones óptimas, es decir, las necesarias para un uso normal y que ello no ocurrió en el caso, puesto que el vehículo funcionaba correctamente y que la sustitución del motor no significa que la dejado de ser idóneo para el uso al cual estaba destinado, ni que altera las cualidades generales del mismo.­ Si bien el dictamen pericial manifestó que la unidad al momento de la inspección, no presentó condiciones como para afirmar, que no es apta para su uso, ello en forma alguna permite concluir en que se trataría de una reparación óptima, ponderando especialmente que el ensamble del motor reemplazado, no fue efectuado en línea de origen, esto implica sin lugar a dudas que el rodado quedara en un estado distinto del original, que es el que normalmente se comercializa, por lo que no puede afirmarse que existauna reparación “satisfactoria”, que impida la actuación de lo previsto por el art. 17 de la ley 24.240.­.

Cabe señalar que el art. 17 LDC establece que en los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria, por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas, para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede: a) Pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características. En tal caso el plazo de la garantía legal se computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa.­

b) Devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales.­ c) Obtener una quita proporcional del precio.­ Una vez elegida cualquiera de las opciones previstas en el art. 17 LDC ante el bien reparado en forma insatisfactoria, el consumidor puede ejercer, si correspondiere, la acción por los daños y perjuicios sufridos, tal como prevé la norma referida en su párrafo segundo.­ Esas opciones que brinda la ley, reconocen como premisa que, previamente, se haya procurado la reparación de la cosa y esa labor no haya resultado satisfactoria (CNCom, Sala E, “Varela, María del Carmen c/ Humberto Nicolás Fontana S.A.”, ídem, 3/6/2014, ” Palumbo Guillermo Gabriel c/ Ford Argentina SCA y otros s/ ordinario” ).­ Para que la reparación del bien no sea satisfactoria, éste no debe poseer las “condiciones óptimas” para cumplir con el uso para el cual fue fabricado.El decreto reglamentario N° 1798/94 explica que por “condiciones óptimas” deben entenderse “.aquellas necesarias para un uso normal, mediando un trato adecuado y siguiendo las normas de uso y mantenimiento impartidas por el fabricante.”.­ En otros términos, si la reparación no resulta satisfactoria, la ley le otorga al consumidor la opción de resolver el contrato, con la condición de acreditar que la reparación no ha sido óptima (conf. Farina, Juan M., “Defensa del Consumidor y del Usuario”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2004, pág. 259; ídem CNCom, 30/8/2011 “Rodríguez Marcelo Alejandro c/ Fiat Auto Argentina S.A. y otro s/ Ordinario).­ Es decir que, una vez entregada la cosa aparentemente “reparada” al consumidor, la reparación del bien no será satisfactoria cuando éste no pueda emplearla para el fin para la cual la adquirió y de acuerdo a las instrucciones impartidas en el certificado de garantía (art. 14, inc. c, ley 24.240) (conf. Picasso, Sebastián ­ Vázquez Ferreyra, Roberto A., “Ley de Defensa del Consumidor.

Comentada y Anotada”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009, T° I, Parte General, pág. 206).­ Se ha sostenido que la reparación para ser considerada “satisfactoria” debe dejar al bien en un estado idéntico al producto original que normalmente se comercializa: ni mejor ni peor que el que se vende nuevo (conf. Tinti, G., Derecho del consumidor, p. 52, Córdoba, 2001; extremo que obviamente no se configura en el caso (CNCom, Sala D, 12.03.2009, “Giorgi c. Ford Argentina S.A.”, L.L.2009­D­299).­

Asimismo se ha precisado que las condiciones óptimas de uso normal deben considerarse en función de las legítimas expectativas del adquirente, de acuerdo a las circunstancias de cada caso y así, quien compra un automóvil nuevo­ como en el caso de alta gama y reconocida marca­ tendrá legítimamente las expectativas de sus prestaciones y disfrute en las mejores condiciones y no solamente de un uso regular que bien podría brindárselo un vehículo usado (Conf MOISÁ, Benjamín, Garantía por producto defectuoso, L.L.N.O.A. 2012­ 129, ídem CCiv y Com de Rosario, Sala I, 27/10/2014, “Llorens Alberto c/ Chevromax S. A. y o s/ incumplimiento contractual” Cita: MJ­JU­M­89790­AR | MJJ89790 | MJJ89790).­

A mayor abundamiento de seguirse el criterio de la demandada se tornaría inoperante la protección brindada por el art.42 de la Constitución Nacional a los consumidores, dado que el responsable en reparar la cosa vendida podría ofrecer ilimitados intentos de sustituir las piezas del rodado sin que nunca se configure la “reparación no satisfactoria” que la norma intenta evitar mediante el derecho de sustituir la cosa vendida, todo ello en aras de velar por los intereses económicos de los consumidores (la calidad de productos y servicios, la justicia contractual y la reparación de daños), parte débil en el contrato C.S.J.N., “Fallos” 329:4403, 331:748; conf. Stiglitz, Rubén L. y Stiglitz, Gabriel, “Derechos y defensa del consumidor”, ed. La Rocca, Buenos Aires, 1994, p. 40; Gelli, María A., “Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada”, 3ª ed., La Ley, p. 465; SCBA 30/9/2014, “Capaccioni Roberto Luis c/ Patagonia Motor S.A. y BMW de Argentina S.A. s/ Infracción a la Ley del Consumidor” .­ En el caso indudablemente no puede perderse de vista, que el bien adquirido era un automotor importado, 0 km.de alta gama, de una marca, ampliamente reconocida en la plaza automotor, por el cual los accionantes abonaron una considerable suma de dinero, teniendo en miras, tal como señalara acertadamente el Sr. Juez de grado, tanto su seguridad, su confort, su calidad como el prestigio de la marca ofrecida.­ En virtud de ello resulta razonable sostener, que el adquirente de un automotor de esas características, tenga el derecho y las expectativas, de recibir el rodado, en óptimas condiciones, sin defectos ni imperfecciones, de ninguna naturaleza, mucho menos en un sector tan sensible y vital, como es el motor de la unidad, y ello a fin de cumplir la prestación que le es propia, a la clase y a la categoría, que reviste el producto de autos.­ Para determinar por prestación propia de cada producto el intérprete debe ubicarse desde el punto de vista del consumidor o usuario. En otras palabras debe responderse el interrogatorio de qué puede esperar un consumidor o usuario razonable de determinado producto o servicio aun cuando no figure expresamente en el contrato, en la publicidad, en la folletería instrucciones etc.­ El consumidor tiene derecho a que los productos o servicios contratados le ofrezcan una prestación normal entendida la normalidad, más que como una calidad media, como usual regular habitual. En este sentido para determinar que debe entenderse en cada caso concreto si un producto satisface o no las prestaciones que le son propias debemos ubicarnos desde el punto de vistas del consumidor y no de un experto. “En una relación de consumo el juez ha atender a lo que considera normal desde el punto de vista del consumidor aunque no coincida con lo peritado por un profesional del ramo” ( Conf Picasso, Sebastián ­ Vázquez Ferreyra, Roberto A., “Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y Anotada”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009 T II, Pág.1106­1108).­ Asimismo cabe señalar que la frustración de la finalidad para la que estaba destinada la unidad adquirida, no se limita a la última reparación, sino que quedó configurada por las numerosas fallas y/o desperfectos de diverso tipo, que motivaron los reiterados ingresos de la unidad al servicio técnico, según las respectivas órdenes de reparación, que da cuenta el dictamen pericial (ver fs. 231).­ Dicho cuadro de situación permite tener por acreditado que el automóvil de las características del adquirido por la parte actora, al no cumplir con los requisitos normales y esperables de durabilidad, utilidad y fiabilidad, pese a las múltiples reparaciones a las que resultó sometido, no resultó -apto para satisfacer en plenitud la finalidad para la cual estaba destinado.­ A mayor abundamientop y ante la duda relativa a si la cosa reúne las condiciones óptimas o no, deberá estarse siempre a favor del consumidor, tal como lo determina el art. 37, segundo párrafo, primera parte de la ley (“la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor”), criterio que deberá tomarse atendiendo a las particularidades propias del caso (conf. Picasso ­Vázquez Ferreyra, “Ley de Defensa del Consumidor.”, op. cit., págs. 206/207; CNCom, Sala A, 30/8/2011, “Rodríguez Marcelo Alejandro c/ Fiat Auto Argentina S.A. y otros s/ ordinario” Cita: MJ­JU­M­ 68942­AR | MJJ68942 | MJJ68942).­

En virtud de los fundamentos desarrollados cabe concluir que en la especie se encuentra configurada la causal de “reparación insatisfactoria” prevista por el art.17 de la Ley de Defensa del Consumidor, por lo que corresponde rechazar los agravios esgrimidos, tendientes a revertir lo decidido en la sentencia apelada.­ V.­Privación de uso y gastos de traslado En primer término, he de señalar que conforme lo expuesto por el experto sólo el cambio de motor de la unidad representó una permanencia en el taller, de aproximadamente tres meses.­ Ahora bien, la privación de uso consiste en el evidente perjuicio objetivo de la mera indisponibilidad del vehículo a los efectos del traslado de su titular o usuario, sea cual fuere el uso que se le diere (CNCiv, esta Sala, 03/10/2002, Mazzitelli, Fernando A. c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , D. J. 2003­1, 321: Idem., id. 17/11/2009, “Méndez, Jorge Antonio c/ Peralta, Eduardo Agustín y otros” y “Villanustre, Hugo Guillermo c/ Empresa de Transportes Los Andes SAC y otros s/ daños y perjuicios”, entre muchos otros).­ La imposibilidad de disponer del vehículo durante el tiempo de duración de los arreglos origina un perjuicio “per se” indemnizable como daño emergente, que no requiere pruebas concretas, pudiendo presumirse por la sola circunstancia objetiva de carecer del rodado.­ Tal es el criterio, también, de la Corte Suprema, que ha sostenido invariablemente que la sola privación del automotor afectado a un uso particular produce por sí misma una pérdida susceptible de apreciación pecuniaria, que debe ser resarcida como tal (Fallos 319:1975 ; 320:1567; 323:4065), y sin necesidad de prueba específica.­ La cuantía del resarcimiento por este rubro debe determinarse en forma prudencial, por cuanto tal indisponibilidad implica necesariamente que no se realizó desembolso alguno en gastos de combustible ni de mantenimiento.­ Asimismo, hemos sostenido que para la fijación del monto debe atenderse tanto a la falta de comodidad en cuanto elemento de esparcimiento o recreo, como a las erogaciones efectuadas por la utilización de otros medios de transporte (C. N.Civ., esta Sala, 28/06/2005, “Goljevscek, Casimiro Cristian y otro c/ Microómnibus Línea 6 de Transporte S.A.”; “Bravo, Ramón Alberto y otro c/ Microómnibus Línea 6 de Transporte S.A. y otro” y “Bassi, Mario Sebastián c/ Duarte, Luis Guillermo y otros”, entre otros).­ Ello implica, que los gastos de movilidad en los que presumiblemente ha debido incurrir el actor quedan comprendidos en este rubro, por cuanto más allá de que haya sido reclamado como rubros separados, no habiéndose acercado elemento alguno que permita cuantificarlo en forma independiente, la estimación se efectúa en forma conjunta y en los términos del art. 165 del Código Procesal (Conf CNCiv, esta sala, 15/3/2010, Expte. Nº 40.230/2006 “Benzadon, Ricardo José c. Guillermo Dietrich S. A. y otro s/daños y perjuicios) en virtud de ello y estimando razonable la cuantificación efectuada en la instancia de grado, propiciare al acuerdo su confirmación.­

VI.­Daño Moral Conceptualmente, debe entenderse por daño moral toda modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir y que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de este y anímicamente perjudicial. (Pizarro, Ramón Daniel, “Reflexiones en torno al daño moral y su reparación”, JA semanario del 17­9­1985).­ Este instituto se aplica cuando se lesionan los sentimientos o afecciones legítimas de una persona que se traducen en un concreto perjuicio ocasionado por un evento dañoso.O dicho en otros términos, cuando se perturba de una manera u otra la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado, sea en el ámbito privado, o en el desempeño de sus actividades comerciales, Con atinado criterio, se ha expresado que el daño patrimonial afecta lo que el sujeto tiene, en cambio el daño moral lesiona lo que el sujeto “es” (Matilde Zavala de González, “Resarcimiento de Daños”, Presupuestos y Funciones del Derecho de Daños, t.

4, págs. 103, 1143, 178; ídem “El concepto de daño moral”, JA del 6­2­85).­ Esa repercusión disvaliosa, es la consecuencia de la conculcación de los bienes personalísimos, como el honor, la privacidad, el nombre, el derecho a la libertad de acción, el derecho a la intimidad, etc., que el ordenamiento jurídico valora para crear la categoría jurídica de los daños morales. Constituye un daño autónomo cuya reparación es independiente del daño material, aún cuando éste, de existir, deba tenerse en cuenta. Son rubros que merecen tratamiento diferenciado por tener naturaleza jurídica distinta en razón de que tutelan distintos bienes jurídicos.­

Para que surja el daño moral, es menester que, además de un eventual desmedro económico, concurra una “repercusión en los intereses existenciales” del sujeto y no se reputa que suceda sólo ante molestias o inconvenientes de relativa entidad (conf. Orgaz, “El daño resarcible”, pág. 259 y C. N. Civ., esta Sala, 19­2­1999 “S. E. E. c. Dantas, Teresa G.”, con nota de Isidoro H.

Goldemberg).­ Lo que se repara es el resultado dañoso, el perjuicio susceptible de apreciación desde la óptica del entendimiento, de la sensibilidad o de la voluntad de la persona, no la actividad del responsable, hecho ilícito o incumplimiento contractual, etcétera, que ha sido sólo la causa eficiente de aquel (Zannoni, Eduardo “El daño en la responsabilidad civil”, Astrea, 1982, pág. 198, pág.231).­ Reiteradamente ha sostenido nuestro Máximo Tribunal que, en lo concerniente a la fijación del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de responsabilidad y la entidad de los sufrimientos espirituales causados y, por otra parte, que el reconocimiento de dicha reparación no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (conf. C. S. J. N., 06/10/2009, “Arisnabarreta, Rubén J. c/ E.N. (Min. de Educación y Justicia de la Nación) s/juicios de conocimiento” ; Idem., 07/11/2006, Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico S.A. y/o quien pueda resultar dueño y/o guardián de los animales causantes del accidente s/daños y perjuicios” , Fallos 329:4944; Id., 24/08/2006, “Ferrari de Grand, Teresa Hortensia Mercedes y otros c/Entre Ríos, Provincia de y otros s/daños y perjuicios” , Fallos 329: 3403; Id., 06/03/2007, “Mosca, Hugo Arnaldo c/Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y otros s/daños y perjuicios” , Fallos 330: 563, entre muchos otros).­ Ahora bien, el art. 522 Cód. Civil prescribe que “en los casos de indemnizaciones por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso”, extremos fácticos que el juez debe ponderar en cada caso.­ Tal como señalara mi distinguida colega, Dra. Beatriz A. Verón, en su voto como vocal preopinante en esta Sala in re “M., M. N.c/ Medicus S.A” (16/08/2007), “si bien una interpretación literal de la norma transcripta indicaría que la condena a la reparación del daño moral ocasionado en razón del incumplimiento contractual es facultativa del juez ­y así lo entiende parte de la doctrina­, como he dicho antes de ahora la tendencia en los últimos años revela que, en rigor, no corresponde practicar diferenciación respecto al daño moral de génesis aquiliana.” La doctrina moderna casi unánime y los últimos proyectos de reforma del Código Civil propician una amplia indemnización del daño moral contractual, ya que el nudo de la responsabilidad radica en el daño injusto y no en la índole de la obligación violada. Por eso, la dualidad de regulación del daño moral según su fuente contractual (art. 522 Código Civil) es técnicamente objetable y no se compadece con el carácter unitario que asume el fenómeno resarcitorio.” “Según Daniel Pizarro ­quien ha estudiado con particular profundidad este tópico­ y Matilde Zavala de Gonzalez (entre otros), sea el daño moral de origen contractual o aquiliano, acreditada su existencia y siempre que medie petición de parte, el juez deberá ordenar su reparación (Pizarro, “Daño moral contractual”, JA 1986­IV­923; Zavala de González, Código Civil y normas complementarias, Editorial Hammurabi, t. 2A, pág.233)”.

Por otra parte, es sabido que ni las simples molestias o inconvenientes, así como los reclamos extrajudiciales y la necesidad de accionar judicialmente para obtener el reconocimiento del derecho, justifican por sí solos su procedencia, sino que es menester alegar y probar razonablemente la modificación disvaliosa en la capacidad, espíritu del querer o sentir del supuesto damnificado para así admitir tal rubro indemnizatorio.

Es que la noción de daño moral se halla vinculada al concepto de desmedro extrapatrimonial no equiparables o asimilables a las meras dificultades o perturbaciones que pueda llegar a provocar un simple incumplimiento contractual, de escasa entidad, en tanto esas vicisitudes o contrariedades son propias del riesgo de cualquier contingencia negocial. En el caso considero que la entidad del padecimiento moral del accionante surge inmediatamente de los hechos, ponderando el cúmulo de vicisitudes que el consumidor tuvo que atravesar, frente a los reiterados desperfectos sufridos en su rodado­ ingreso a taller en siete oportunidades­, los sinsabores propios que significan concurrir en pos de su reparación atendiendo asimismo la natural frustración e impotencia que muy probablemente le deparó, advertir que el vehículo 0km y de alta gama adquirido y de la calidad que distingue la marca demandada, tenia una fisura en el segundo cilindro, que determinó el reemplazo del motor, en virtud de ello considero que se encuentra acreditado el daño invocado, como resultado existencial negativo y desde tal perspectiva, por lo que propondré acoger los agravios de l accionante en este aspecto, y fijar como indemnización por este rubro la suma de pesos veinte mil ($20.000) estimados a la fecha de la celebración del contrato de compraventa .­ VII.­ Intereses Se agravia la demandada por lo resuelto en la instancia de grado relativo a que los intereses deberán computarse desde el 30 de Julio de 2007 fecha en la cual se celebró, el contrato de compraventa de la unidad objeto de autos, entendiendo que de su parte no hubo incumplimiento y que los intereses, se deben fijar desde que la unidad entró en los talleres de la concesionaria.­ Atento a como ha sido resueltala cuestión, no corresponde admitir el agravio intentado, sin perjuicio de señalar que conforme la doctrina y jurisprudencia mayoritaria vigente en el fuero, respecto al inicio del cómputo de los intereses, no caben dudas acerca de cual es la oportunidad a partir de la cual se generan los réditos sobre el capital de condena, se devengan a partir de cada perjuicio de reparación, por lo que corresponde confirmar el inicio del computo de la tasa activa, no cuestionada por las partes, que fuera fijada en la instancia de grado.­

VII.­ Costas Finalmente, respecto al agravio de la coaccionada Volkswagen Argentina S.A. referido al modo en que se impusieron las costas de la anterior instancia cabe señalar, que es sabido que las costas son las erogaciones impuestas a quienes intervienen en un proceso para la iniciación, prosecución y terminación de éste. Respecto a su imposición, el Código Procesal ha adoptado en su art. 68 la teoría del hecho objetivo de la derrota. Según Chiovenda, la justificación de esta institución está en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar, naciendo su imposición del deber del juez de condenar al derrotado (Fenochietto Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. 1, pág.280 y ss.). – Siendo que las demandadas resultaron sustancialmente vencidas, por aplicación del principio de la derrota objetiva reconocido en el artículo 68 del CPCC, juzgo correcto que éstas carguen con las costas.­ No advirtiéndose en la especie, elementos que me permitan válidamente apartarme del principio general invocado, el agravio expresado en tal sentido no tendrá favorable acogida.­

Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo:

1) modificar parcialmente el decisorio apelado haciendo lugar a la reparación del daño moral, por la suma de pesos veinte mil ($20.000) confirmándolo en todo lo demás, que fuera materia de apelación y agravio.­ 2) imponer las costas de Alzada a la accionada sustancialmente vencida (Art 68 del Código Procesal).­ Las Dras. Beatriz A.Verón y Zulema Wilde adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.­ Buenos Aires, julio de 2015.­

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

1) modificar parcialmente el decisorio apelado haciendo lugar a la reparación del daño moral, por la suma de pesos veinte mil ($20.000) confirmándolo en todo lo demás, que fuera materia de apelación y agravio.­ 2) imponer las costas de Alzada a la accionada sustancialmente vencida (Art 68 del Código Procesal).­ 3) Difiérese el conocimiento de las apelaciones de horarios hasta el momento de la liquidación definitiva.­ Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N°15/13 art.

4°) y oportunamente devuélvase.­

Fdo

Marta del Rosario Mattera­

Beatriz A. Veron­

Zulema Wilde.­

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