Partes: Morelli Francisco Mario c/ Estado Nacional -Ministerio de Seguridad – Policía Federal Argentina y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 12-ago-2015

Cita: MJ-JU-M-94315-AR | MJJ94315

Juzga indudable el tribunal la protección para el trabajador que se considera despedido por injurias graves tales como, ausencia de nombramiento y falta de pago de remuneraciones.

Sumario:

1.-No corresponde admitir que la relación entre el actor y el demandado se haya enmarcado en el ámbito privado (LCT.) pues si bien la circunstancia de ausencia de nombramiento administrativo quedó acreditada -toda vez que no existe documentación ni prueba alguna que certifique designación expresa por parte del Instituto demandado-, lo cierto es que la empleadora fue el Estado.

2.-Existiendo un régimen específico que regula la relación habida entre las partes y que la intención de las mismas fue desarrollarse dentro de dicho sistema, su vinculación se encontraba regida por un régimen perteneciente a la administración pública y no bajo la órbita de la LCT.

3.-Puesto que la vinculación entre la Nación o una provincia o municipio y sus empleados es de carácter público, está regida por el derecho constitucional y administrativo, salvo que por acto expreso se los incluya en éste o en el de las convenciones colectivas de trabajo (conf. art. 2 inc. a. de la LCT.)

4.-Aunque no es admisible la aplicación del Régimen de Contrato de Trabajo, ello no lleva necesariamente a invalidar las pretensiones resarcitorias de la parte actora con fundamento en el despido decidido por la ex empleadora, bajo el amparo del art. 14 bis de la CN., pues quedó reconocida la circunstancia de la desviación de poder efectuada por la Administración Pública que contrató al actor fuera de todo marco legal y aún más, sin el pago de la consecuente remuneración correspondiente a la prestación de servicios efectuada durante los años reclamados.

5.-Toda vez que el vínculo entre las partes exhibió todas las notas típicas de una relación de dependencia de índole estable, pero la relación fue sucesivamente renovada en claro exceso a la garantía constitucional del art. 14 bis de la CN., se concluye que la accionada se valió de una normativa legalmente permitida para cubrir necesidades que distan ampliamente del carácter de transitoriedad y el accionante resolvió su vínculo de manera ajustada a derecho ante la grave injuria de ausencia de pago por su prestación de servicios.

6.-No puede considerarse que la actividad del accionante sea calificada como transitoria puesto que la demandada nombró a otro docente para reemplazar al actor cuando este se desvinculó, lo que demuestra un claro exceso del plazo que el concepto de transitoriedad lleva ínsito en sí; máxime siendo que el actor tuvo la posibilidad de considerarse dentro de un marco de relación laboral por plazo indeterminado con las características y protecciones constitucionales que el mismo conlleva pues prestó servicios por muchos años para la demandada.

7.-Corresponde confirmar la competencia de la justicia del trabajo puesto que cuando las normas que se invocan son de índole laboral, si las mismas son verosímiles o pueden llegar a serlo, queda habilitada la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en los términos del art. 20 de la L.O.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 12 de agosto de 2015, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia dictada en Primera Instancia a fs.

201/205, apela la parte actora a tenor del memorial que luce a fs. 207/212, cuya réplica obra a fs. 216/217.

En la sentencia de la instancia anterior se rechazó la demanda interpuesta por el actor contra el Estado Nacional – Ministerio de Seguridad – Policía Federal Argentina – Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina a fin de que se le abonara la indemnización prevista por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, preaviso, integración del mes de despido, vacaciones y S.A.C. adeudados, haberes de los años 2008 y 2009 impagos, así como los de los meses de enero a mayo del año 2010, además de las multas contenidas en la reglamentación del art. 80 de la LCT, en el art. 2 de la ley 25.323 y en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013.

El demandante, entonces, interpuso recurso de apelación en donde se agravia por cuanto el juez de grado anterior consideró inaplicable las normas de la Ley de Contrato de Trabajo al caso de autos. Como fundamento de su escrito recursivo, esgrime que como consecuencia de la ausencia de acto administrativo alguno que dé cuenta de la contratación o nombramiento del actor en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, la relación habida entre el recurrente y el demandado no puede imputarse dentro del marco de un contrato de empleo público, sino dentro del ámbito privado y reglada por la LCT.Solicita a su vez, que se declare nula la sentencia de primera instancia por cuanto considera que el judicante anterior no se expidió sobre el fondo de la cuestión sino que se limitó a expedirse nuevamente sobre la cuestión de la competencia laboral, cuestión que considera ya había sido resulta con anterioridad. Exige luego la aplicación del art. 57 y 23 de la LCT, así como el principio iura novit curia a los fines de tener por acreditada la relación entre las partes como de índole laboral incluida dentro de los límites de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Por último, solicita la revocación del fallo en tratamiento con expresa imposición de costas a la demandada, o subsidiariamente, y en su caso, requiere que la carga de las mismas sea impuesta por su orden.

Liminarmente corresponde efectuar una aclaración en orden al cuestionamiento vertido por la demandante acerca de la competencia de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en las presentes actuaciones.

La excepción de incompetencia incoada en su oportunidad por la parte demandada en estos actuados fue resuelta por el Sr. Juez a quo en la resolución que obra a fs. 66, en la cual se admitió expresamente la competencia de esta Justicia Nacional del Trabajo. Dicha sentencia, en modo alguno fue cuestionada por la excepcionante toda vez que guardó silencio frente a la notificación de fs.67, por ende, dicha cuestión quedó firme y precluída.

Sin embargo, ante los argumentos recursivos del apelante, y su solicitud de nulidad de la sentencia de primera instancia, a los fines de aclarar la situación de autos, corresponde efectuar el análisis de los planteos formulados.

Históricamente la CSJN ha dicho que a los fines de la atribución de la competencia se estará a la denunciada por el actor en su demanda (y no a la invocada por la parte demandada). Esto así, puesto que “el concepto de competencia formal acuñado desde antigua data por la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que para decidir cuál es el juez competente no cabe atenerse a la ley que pueda resultar en definitiva realmente aplicable, sino la que se invoca como fundamento de la acción entablada”. (CSJN, Fallos, 279:95; 286:45 y 302:339, citado por Allocati-Pirolo, Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, Tomo 1, Editorial Astrea, 1999, pág. 108)

Cuando las normas que se invocan son de índole laboral, si las mismas son verosímiles o pueden llegar a serlo, queda habilitada la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en los términos del art. 20 de la L.O., tal como sucedió en el caso de autos. Habilitada entonces la competencia para tramitar la causa en el mencionado Fuero, el juez luego en la sentencia definitiva merituará si corresponde al caso la aplicación de las normas del Derecho del Trabajo de conformidad con lo previsto por el art. 2 de la L.C.T.o si concierne la protección de otras distintas.

En el caso de autos, si bien la sentencia de grado anterior puede llevar a confusión en su redacción, por cuanto hace alusión nuevamente al planteo de incompetencia, lo cierto es que no efectúa una nueva resolución al respecto sino que luego de apreciar la prueba de autos, meritúa la aplicación de las normas de la Ley de Contrato de Trabajo arribando a la conclusión de que las mismas no son aplicables al caso en análisis.

En efecto, el juez a quo entendió que las pruebas aportadas no fueron suficientes para habilitar la aplicación de la ley laboral. Remitiendo a sus expresiones, indica que “a criterio de sentenciante resulta claro que la relación habida no encuadra en el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo”, y que “es menester destacar que el actor no ha demostrado la existencia de “acto expreso” que ubique al personal docente del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina en el régimen de la ley 20.744″, “como tampoco que se le aplicara convención Colectiva de Trabajo específica”. Luego, al valorar la prueba aportada al respecto, concluye que “se impone como indicio de que la relación habida no fue de tipo laboral, toda vez que tratándose de créditos alimentarios resulta insostenible la falta de ingreso salarial durante más de dos años sin formular reclamo alguno de manera fehaciente”. Y que por otro lado, al ser “la totalidad de las comunicaciones cursadas por el actor mediante cartas documento comunes, renunciando aquel a utilizar la modalidad de TCL, beneficio exclusivo y gratuito para los trabajadores”, “también es un indicio que apuntala el mérito precitado”.

Como consecuencia de dicha apreciación, “el judicante estima que la sola invocación de legislación laboral -sin la posterior aplicación real y efectiva en el caso concreto- resulta insuficiente para consolidar la competencia aceptada previo a la recepción del planteo impugnatorio de la demandada” (fs.205). Ello significa que, habiendo analizado las pruebas en la causa -como lo exhibió en su fallo-, no encontró mérito para la aplicación de las normas contenidas en la L.C.T.

Por lo expuesto, y toda vez que el sentenciante de grado anterior sí evalúo el derecho de fondo, y no nuevamente su competencia -como sostiene el recurrente-, merituando las pruebas aportadas a los fines de la aplicación del derecho de fondo laboral, no resulta procedente el planteo de nulidad de la sentencia efectuado por la parte actora.

Despejada esta cuestión, corresponde seguidamente el análisis, en esta instancia de alzada, de la viabilidad de la aplicación de las normas del derecho trabajo a la relación habida entre las partes y que fueran invocadas en el libelo de inicio.

A fin de poder calificar la relación que vincula a las partes como propia del derecho público o regida por el derecho privado, corresponde analizar, en primer término, la intención de las partes al momento de celebrar la contratación, y en segundo lugar, si existía un régimen jurídico específico aplicable a la relación entre ellas.

De la reseña de autos se extrae en lo sustancial que la relación que la actora mantuvo con la demandada se extendió sin solución de continuidad durante casi siete años, hasta que el accionante se consideró despedido en fecha 10/06/2010 (recepcionado el 11/06/2010, informe del correo, fs. 100) ante la ausencia de pago de los salarios adeudados correspondientes a los años 2008 y 2009 (deuda corroborada a fs. 154/179). Transcurridos posteriormente casi tres meses de dicha rescisión por parte del demandante, la accionada haciendo caso omiso a dicha circunstancia, dispone igualmente la conclusión de la relación habida entre las partes mediante Resolución Nº 1.627 de 22/07/2010, conforme el Expte. Nº 423-01-000.042-10 y que comunica mediante carta documento número 143821791 de fecha 01/09/2010. (ver sobre nº 3567 -expte. admin.- e informe del correo fs.100)

El accionante en su demanda afirma que su relación con la demandada siempre se enmarcó dentro del derecho privado. Para sostener esta tesitura aduce que ante la inexistencia de designación administrativa alguna, su relación no puede ser entendida dentro del marco del régimen estatal. La demandada, por su parte, afirma que contrató al actor conforme la Orden del Día Interna Nro. 241 del 21 de noviembre de 1983 “NORMAS DE REGULACIÓN PARA LA DOCENCIA POLICIAL”, y que lo hizo en el marco de la normativa legal que invoca a fs. 31, aplicándosele las regulaciones previstas por la ley 21.965 (Ley para el personal de la Policía Federal Argentina) y por su Decreto reglamentario Nº 1.866/83 y 6581/58.

A la luz de lo normado por el art. 377 del CPCCN, correspondía al accionante la carga de la prueba de la existencia de la prestación de sus servicios para la demandada dentro del ámbito privado para poder así circunscribirla en el marco de las previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo.

En un primer análisis, cabe destacar que el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, es un instituto que pertenece al Ministerio de Seguridad y, por ende, es una entidad autárquica dependiente de la Administración Pública. Siendo esto así, sus dependientes quedan incluidos dentro de su órbita. De entender lo contrario, es decir, que el mismo se encontraba ex cluido de aquél marco, correspondía al actor acreditar un “acto expreso” que así lo dijera y que incluyera al demandante en la normativa de la Ley de Contrato de Trabajo o que el mismo se encontraba sometido a un régimen de convenciones colectivas de trabajo. Ello, de conformidad con las previsiones específicas de inclusión del art. 2, inc. a. de la L.C.T.Sin embargo, cabe señalar que ninguna de las dos circunstancias fue acreditada en la causa.

En un segundo examen, incumbía al reclamante la prueba de que su relación se exceptuaba del ámbito público de alguna otra manera más allá de las previsiones explícitas del art. 2 de la LCT. Sin embargo, tampoco se denunció ni, menos aún, se produjo prueba en este sentido. Como conclusión, el actor no pudo probar de forma alguna que su relación se encontraba dentro del ámbito privado.

No obstante ello, el argumento principal de la actora a los fines de tener por acreditada la circunstancia de exclusión del ámbito estatal y su inserción en el ámbito privado reglado por la LCT, se basa únicamente en que el accionante al no estar designado mediante acto administrativo alguno como dependiente de la Administración Pública (Policía Federal Argentina), cabe concluir que el mismo se encontraba excluido de éste, y por ende, dentro del ámbito privado de aplicación.

Si bien la circunstancia de ausencia de nombramiento administrativo quedó acreditada, toda vez que no existe documentación ni prueba alguna que certifique designación expresa por parte del Instituto, considero que siendo su empleadora el Estado, por intermedio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Ministerio De Seguridad-Policía Federal Argentina-Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina), y desempeñándose en tal contexto, la circunstancia de inexistencia de acto administrativo alguno no habilita por sí a entender que su relación se enmarcó en el ámbito privado.

De esta manera, es concluir entender que existiendo un régimen específico que regula la relación habida entre las partes y que la intención de las mismas fue desarrollarse dentro de dicho sistema, su vinculación se encontraba regida por un régimen perteneciente a la administración pública.

En esta inteligencia es menester señalar que tal como se ha expedido esta Sala en similares casos (CNAT, esta SALA II, S.D.99.538, 25/08/2011, “Lugano Luisa Ines c/Hospital de Clínicas José de San Martin y otro s/despido”, Expte. 7.939/2008, S.D. 101.633, 11/04/2013, “Werber Hernan C/ Estado Nacional Ministerio De Economía Subs. De Normal. Patrimonial Dirección Nac. De Normalización Patr. S/Despido”, Expte. 20.443/2008, entre otros) la vinculación entre la Nación o una provincia o municipio y sus empleados es de carácter público y está regida por el derecho constitucional y administrativo, salvo que por acto expreso se los incluya en éste o en el de las convenciones colectivas de trabajo. (conf. art. 2 inc. a. de la L.C.T.)

En el citado fallo “Werber” de esta Sala II se dijo que, “desde la perspectiva expuesta, la protección que otorga la Constitución Nacional al trabajo en sus diversas formas no debe buscarse en un plexo jurídico extraño a aquel dentro del cual se desenvolvió la relación, sino en el marco del derecho administrativo destinado a normar las relaciones -regulares o no- que establezca el Estado con las personas. Al respecto, esta Sala en una integración anterior, ha señalado que existe una tajante y excluyente diferenciación entre el sector público y el privado en orden a la prestación de servicios dependientes, pues ambos regímenes jurídicos actúan paralelamente sin colisionar en diversos campos de aplicación material; y no puede habilitarse la irrupción del derecho del trabajo en aquellos sectores en los cuales no medie expresión formal y expresa de las personas públicas que dispongan la aplicación de la norma laboral a sus empleados, ya sea por estipulaciones especiales o por haber suscripto un convenio colectivo de trabajo (CNAT, Sala II, 21-7-95, “Tolck, Patricia y otro c/ Inst. de Obra Social del Ministerio de Economía”, D.T. 1995, B, pág. 1628; y, Arguello B. C/ Instituto Provincial de Salud de Salta s/despido, S.D.95.301, del 12-10-07).”

Este criterio es el sostenido por Nuestro Tribunal Superior cuando dentro del concepto de empleo público comprende tanto los supuestos de incorporación permanente a los cuadros de la administración, como aquellos del personal contratado y temporario (CSJN, 28/02/89 “Gil, Carlos R. c/ U.T.N. s/nulidad de acto administrativo, indemnización y daños y perjuicios”, CSJN, 30/04/1991 “Leroux de Emede, Patricia c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” y el fallo “Galiano”)

Asimismo, en el caso “Ramos José Luis c/Estado Nacional s/indemnización por despido”, del 13 de octubre de 2009, la CSJN al expedirse sobre la contratación irregular de empleados en los entes públicos abusando del poder que ostentan sus actos administrativos, no determina sin embargo la aplicabilidad a esa relación de las normas relativas al contrato de trabajo privado regido por la LCT. Empero, el Supremo Tribunal considerando la “desviación de poder” efectuada por la Administración Pública al utilizar las normas previstas por ella para la contratación transitoria encubriendo una designación que, en realidad, había sido permanente, correspondía invalidar la actuación de la administración y reconocer al reclamante la protección que otorga el art. 14 bis de la Constitución Nacional a quienes queden afectados por un despido arbitrario, más no hizo uso de la normas previstas por la LCT. Incluso, para el cálculo del monto de indemnización tomó como parámetro el art. 11 de la Ley 25.164 y no el establecido en el art. 245 de la LCT.

Es decir que todos los agentes que prestan servicios en favor del estado se encuentran comprendidos dentro de la órbita propia y exclusiva del derecho administrativo, salvo que se den las hipótesis previstas en el art. 2 inc.a) de la L.C.T.

En el caso de autos no se ha invocado la existencia de acto expreso de la Administración Pública que incluya a la relación sostenida con la accionante en el ámbito propio de la Ley de Contrato de Trabajo o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo, ni de ninguna otra manera, por lo que no es de aplicación las normas de la mencionada L.C.T. invocadas como fundamento de la demanda entablada.

A pesar de todo lo expuesto, el actor probó contundentemente la existencia de una prestación de servicios a la demandada en relación de dependencia, y que la misma concluyó ante la graves injurias de la accionada, quien consideró -en su oportunidad administrativa- no sólo inexistente la relación habida entre ellos sino además, su consecuente no pago de haberes durante el lapso de dos años.

Siendo esto así, y habiendo tramitado esta causa por el lapso de cuatro años en este fuero, en claro exceso al tratamiento que las cuestiones de los sujetos de preferente tutela -como lo son los trabajadores- deben poseer, y haciendo aplicación de los principios de celeridad y economía procesal ampliamente previstos por el Código Procesal Civil y Comercial, se considera procedente que este Tribunal se expida en la causa y no remitirla al Fuero Contencioso, ámbito natural de su competencia.

Indefectiblemente, de las constancias de autos surge acreditada la relación habida entre el accionante y el demandado.

En efecto, de la prueba documental e informativa producida en estos acruados se exhibe que el Legajo Personal Nº 8179 de la Policía Federal Argentina acredita la prestación de servicios del reclamante desde la fecha denunciada (ver original en sobre nº 3568, pág.5 del legajo). A su vez, el “certifico” expedido por la propia demandada Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina- Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales constata que el actor se desempeñaba como docente titular del mencionado Instituto desde el año 2004 (ver original en sobre nº 3282 y su copia a fs. 43/45).

Adicionado a ello, la testigo Claudia Cristina BURGOS, (fs. 187), personal civil, auxiliar superior de Tercera, quien se desempeñó desde el año 2000 como profesora del Instituto Universitario de la policía Federal Argentina y luego como Secretaria Técnica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Policía Federal hasta el año 2012, jura conocer al actor como docente del Instituto Universitario aludido. A su vez, confirma que los documentos aportados por el reclamante pertenecen a constancias de desempeño del demandante como docente. Asimismo, reconoce inserta en los mismos tanto su firma como la del actor.

En este aspecto, de la prueba documental aportada, y no desconocida por la demandada surge que el accionante inició su prestación de servicios para la Policía Federal Argentina incluso desde antes de la fecha denunciada en el libelo de inicio, en el año 2003.

Antes de continuar, y atendiendo al agravio vertido en torno a la cuestión última referida a que surge de las probanzas de autos que el actor se desempeñó con anterioridad incluso a la fecha denunciada en su demanda, se debe aclarar que la misma no puede ser tomada en consideración, puesto que de ser así se estaría violando el principio de defensa en juicio de la demandada, garantía protegida por nuestra Carta Magna en su artículo 18. Ello así puesto que la accionada al no conocer ese hecho al momento de contestar su demanda no tuvo oportunidad de articular su defensa ni ofrecer prueba al respecto acorde a la acción entablada.Es por esto que no corresponde tener en consideración la circunstancia que surge de las pruebas en cuanto a que el inicio de la prestación de servicios del accionante comenzó en el año 2003 -fecha anterior a la denunciada en la demanda que acusa el 01/03/2004-. Consecuentemente, se considerará como fecha de iniciación de la relación habida entre el actor y la demandada la denunciada por el accionante en el inicio, esto es el 01/03/2004.

Adicionado a ello, quedó manifiesta la ausencia de realizaci ón de aportes a la seguridad social por parte de la demandada, cuestión que esta última no rebatió de ningún modo ni argumentativa ni probatoriamente.

De esta manera, el actor acreditó contundentemente la prestación de servicios para la demandada desde el 01/03/2004, sin solución de continuidad hasta el distracto y por fuera de toda registración. Así como resulta, también, que el actor se desarrolló durante toda la relación laboral en tareas que concernían a la actividad permanente, normal y regular de la demandada.

En tal inteligencia, cabe concluir que, aunque no es admisible la queja deducida por la parte actora en torno a la aplicación en el caso del Régimen de Contrato de Trabajo, ello no lleva necesariamente a invalidar las pretensiones resarcitorias de la parte actora con fundamento en el despido decidido por la ex empleadora, bajo el amparo del art. 14 bis de la Constitución Nacional.

En base a todas las consideraciones expuestas, si bien no soslayo la insuficiencia argumentativa del escrito recursivo (art. 116 LO), y amén de las argumentaciones jurídicas efectuadas, dada la magnitud de la garantía constitucional de que se trata, por aplicación del principio iura novit curia incumbe el deber de hacer efectiva la protección prevista por la aludida garantía de Nuestra Carta Magna.

Cabe reseñar que el demandado adujo que la contratación del actor en el Instituto Universitario se efectuó conforme la Orden del Día Interna Nro.241 del 21 de noviembre de 1983 “NORMAS DE REGULACIÓN PARA LA DOCENCIA POLICIAL”, alegando que la misma lo habilita a efectuar nombramientos sucesivos prolongados, por tiempo indeterminado, de carácter transitorio y sin la realización de aportes jubilatorios. De esta manera, sostiene que actuó dentro del marco lícito que la norma administrativa le otorga y conforme la discrecionalidad que le es legítima.

En lo que respecta a los docentes que se hallan dentro de la Jefatura de la Policía Federal Argentina, señala que la Orden del Día aludida, en su artículo 17, establece que los “nombramientos tendrán carácter temporario y establecerán el período de prestación de servicios. Se entiende por prestación de servicios a los efectos de la aplicación de estas normas, el lapso total del nombramiento”. Y en su artículo 18, determina que “los nombramientos serán por un máximo de (1) año aniversario. El segundo nombramiento y los siguientes se harán mediante nuevos concursos o por confirmación de la jefatura de la Policía Federal Argentina, en base a las propuestas que formulen áreas pertinentes por intermedio de la superintendencia de Persona (-)”.

Tal como está planteada la normativa administrativa, la misma se manifiesta abiertamente arbitraria y abusiva, con absoluta ausencia de legalidad constitucional, toda vez que no puede sostenerse que legalmente se habilite una relación de dependencia de carácter transitorio, con renovaciones indeterminadas en el tiempo y sin la obligación de realizar aportes a la seguridad social.

Asimismo, de los actuados surge que la demandada reconoció que el actor se desempeñó frente a una cátedra durante los lapsos lectivos sin haber sido nombrado o designado por acto administrativo emanado de la Jefatura de la Policía Federal Argentina sino que lo hicieron impropiamente y mediante un procedimiento irregular (ver en sobre nº 3567, expte. adm. 423-01-000042/2010, fs.18)

De igual modo, surge del expediente administrativo aludido el reconocimiento de la no percepción de haberes del demandante por sus prestaciones efectuadas durante los años 2008 y 2009 atento a carecer de designación alguna. (ver en sobre nº 3567, expte. adm. 423-01-000042/2010, fs. 18)

De esta manera, quedó reconocida la circunstancia de la desviación de poder efectuada por la Administración Pública que contrató al actor fuera de todo marco legal y aún más, sin el pago de la consecuente remuneración correspondiente a la prestación de servicios efectuada en los años antes referidos.

De lo expuesto se desprende que durante su desarrollo, el vínculo entre las partes exhibió todas las notas típicas de una relación de dependencia de índole estable. Empero, la relación fue sucesivamente renovada en claro exceso a la garantía constitucional del art. 14 bis de la CN. Mediante este procedimiento, la accionada se valió de una normativa legalmente permitida para cubrir necesidades que distan ampliamente del carácter de transitoriedad. De esta manera, el accionante resolvió su vínculo de manera ajustada a derecho ante la grave injuria de ausencia de pago por su prestación de servicios correspondiente a dos años consecutivos.

En estas condiciones, y siguiendo la doctrina emanada de nuestra CSJN, la conducta asumida por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina se evidencia en clara pugna con la normativa constitucional referida, “cuyo principio protectorio, comprende, por un lado, al trabajo “en sus diversas formas”, incluyendo al que se desarrolla tanto en el ámbito privado como en el público (Fallos:330:1989, 1999) y reconoce, por otro lado, derechos inviolables del trabajador que el Congreso debe asegurar como deber “inexcusable” (“Aquino”, Fallos:327:3753; “Milone”, Fallos:327:4607, 4617).” (CSJN, “Ramos José Luis c/Estado Nacional s/indemnización por despido”, del 13 de octubre de 2009, votos de los Dres.Fayt, Maqueda y Zaffaroni)

Si bien los actos administrativos poseen presunción de legitimidad, no puede evitarse la conclusión de la manifiesta desviación de poder que ostenta la regla en análisis al utilizar una contratación transitoria excediendo sus previsiones y sustrayendo a un trabajador de sus derechos básicos y garantías constitucionales, amparadas además por extensa normativa internacional con jerarquía constitucional.

En tal contexto, es ineludible la aplicación de la doctrina del fallo de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Ramos José Luis c/Estado Nacional s/indemnización por despido”, del 13 de octubre de 2009, en donde se resolvió que la utilización de figuras jurídicas autorizadas legalmente por parte del Estado para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder habilitaba la efectiva protección del art. 14 bis de la Constitución Nacional ante el “despido arbitrario”.

En este marco, el presente caso se condice con el citado toda vez que el actor, habiéndose considerado lícitamente despedido, no puede ser privado del derecho a una indemnización justa frente a la ausencia de una respuesta normativa que reglamente una reparación ante una ruptura injuriosa incausada del contrato, generando de esta manera la operatividad de la protección contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Si bien en las presentes actuaciones se vislumbran matices diferentes al citado, como lo son la extinción del vínculo contractual mediante despido indirecto efectuado por el trabajador ante la grave injuria del Estado en la ausencia del pago de las remuneraciones correspondientes a los años 2008 y 2009, así como la inexistencia de cualquier acto administrativo de donde surja nombramiento o contratación alguna, así como que la vinculación lo fue en el marco de una contratación con carácter transitorio y de manera sucesiva e indefinida sin límite temporal en la renovación en los nombramientos, lo cierto es que dicha limitación no fue el único fundamento de la decisión adoptada por la CSJN sino que, además tuvo en cuenta losrestantes extremos que a continuación se considerarán, los cuales son similares a los que resultan de estos autos.

Primeramente, es menester reseñar que “la Corte ha reconocido que el legislador puede otorgar a la autoridad administrativa un suficiente margen de discrecionalidad para hacer frente a exigencias estacionales o excepcionales, en cantidad o cualidad, incorporando agentes que no integran los cuadros estables de la organización”, y que la celebración de contratos que por circunstancias de necesidades transitorias o eventuales, se efectúen formalizando excepciones admisibles a las reglas del artículo 14 bis de la C.N. Entendió a su vez el Procurador General que, de hacerse lugar a lo pretendido por el actor, se estaría transgrediendo la regla de la aplicación integral de la ley vigente, que impide construir un ordenamiento con los aspectos que se estimen más convenientes de diversas leyes. (CSJN, “Sánchez, Carlos Próspero c/ Auditoría General de la Nación” , del 06/04/2010, y “Ramos José Luis c/Estado Nacional s/indemnización por despido”, del 13 de octubre de 2009, ver el dictamen de la Procuración Gral.de la Nación)

Sin embargo, el hecho de que sea inatendible la pretensión del demandante en cuanto a que su situación se excluya del régimen del derecho público para regirse por el derecho laboral, no implica la inatendibilidad del reclamo ante el despido arbitrario y su consecuente indemnización.

La ausencia de reconocimiento de indemnización ante una rescisión contractual cercena los principios rectores del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, “en cuanto protegen el trabajo en todas sus formas, brindan protección contra el despido arbitrario, promueven la estabilidad del empleo público y proveen a la protección integral de la familia”. (CSJN, “Ramos José Luis c/Estado Nacional s/indemnización por despido”, del 13 de octubre de 2009)

Asimismo, en el mencionado fallo “Ramos”, la CSJN consideró que le asistía razón al demandante en cuanto perseguía la protección constitucional contra el despido arbitrario, pues el vínculo laboral que había mantenido con el Estado Nacional por el lapso de veintiún años no podía ser válidamente encuadrado en el régimen de contratación aprobado por el decreto 4831/73 que autorizaba a contratar personal para proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, sin que ello generare derecho a indemnización por rescisión.Máxime cuando dicha norma limitaba la posibilidad de renovación de esos contratos a un máximo de cinco años (artículos 26 del decreto y 17, inciso a, de la reglamentación). De esta manera, la contratación por el lapso de veintiún años implicaba una abierta violación al plazo máximo previsto por la norma.

Junto con otras circunstancias fácticas, esta violación al límite de renovación del contrato, permitió concluir que la demanda había utilizado figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado.

En tales condiciones, la CSJN entendió que el comportamiento del Estado Nacional había tenido aptitud para generar en Ramos una legítima expectativa de permanencia laboral que merecía la protección que el artículo 14 bis de la constitución Nacional le otorga al trabajador contra el “despido arbitrario”.

Por ese motivo, se concluyó que la demandada había incurrido en una conducta ilegítima, que generó su responsabilidad frente al actor y justificó la procedencia del reclamo indemnizatorio.

Sin embargo, y a fin de establecer el importe de reparación que debía asumir la accionada, a falta de previsiones legislativas específicas, aplicó por analogía, la reparación prevista por el art. 11 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (ley 25.164).

Al igual que la doctrina citada, el vínculo con el accionante se desarrolló por casi siete años exhibiendo todas las notas características de una relación de dependencia de índole estable y permanente.De este modo, el actor tuvo la posibilidad de considerarse dentro de un marco de relación laboral por plazo indeterminado con las características y protecciones constitucionales que el mismo conlleva.

Empero, la relación fue sucesivamente renovada en claro exceso del plazo que el concepto de transitoriedad lleva ínsito en sí. La demandada se valió de una figura legalmente permitida para cubrir necesidades que no eran transitorias sino que eran las habituales y permanentes del Instituto Universitario como son el dictado de clases por más de seis años. Nótese que luego de la desvinculación del actor, la demandada nombró a otro docente en su reemplazo para poder continuar con el dictado de las clases que estaban a su cargo. Esto demuestra que conforme las circunstancias relatadas y el tiempo transcurrido, la actividad docente del accionante no puede ser calificada como transitoria.

Tal como propugnan, por su parte, los Señores Ministros Doctores Fayt, Maqueda y Zaffaroni en el fallo de referencia, el principio protectorio de la norma constitucional referida comprende por un lado al trabajo “en sus diversas formas”, incluyendo tanto el desarrollado en el ámbito privado como en el público, y por otro, derechos “inviolables” del trabajador que el Congreso debe asegurar como deber “inexcusable”. (Fallos “Aquino” y “Milone”)

Paralelamente a la protección habida en Nuestra Carta Magna, los Señores Ministros invocan diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional que conducen a iguales resultados enunciando el “derecho a trabajar”, “el cual debe ser considerado “inalienable” de todo ser humano”. (ver “Ramos”, cit. Declaración Universal de Derechos Humanos -artículo 23.1-, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombres -artículo XIV-, Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -artículo 6.1-)

Continúan los Doctores diciendo que “en efecto, el citado derecho a trabajar, así como “engloba todo tipo de trabajos” e impone al Estado claras obligaciones de respetarlo y protegerlo (ver “Ramos”, cit. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 18. El Derecho al Trabajo, 4- 11-2005, E/C.12/ GC/18, párs.6, 22 y pássim), comprende inequívocamente, entre otros aspectos, el derecho del trabajador a no verse privado arbitrariamente de su empleo” (ver “Ramos”, cit. “Vizzoti” , Fallos: 327:3677, 3690)

“En el marco de una relación laboral en la cual el Estado se constituye en empleador -expresó la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, éste evidentemente debe garantizar y respetar los derechos humanos laborales de todos sus funcionarios públicos [-], ya que la inobservancia de este deber genera la responsabilidad estatal interna e internacionalmente” (ver “Ramos”, cit. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión consultiva OC-18/03, 17-9-2003, Serie A Nº 18, párr. 139).

Similarmente a la alusión referida por la CSJN en el caso, la naturaleza jurídica de una institución no obsta a la aplicación de las protecciones constitucionales, puesto que si no se estaría ante un manifiesto abuso de poder por parte del propio Estado, como es en el caso.

Tales conclusiones no implican la invalidez de las cláusulas contractuales y las eventuales disposiciones legales en las que se sustente el Estado para sus contrataciones, pero lo que sí involucran es la invalidez de las cláusulas contractuales o disposiciones legales que las sustenten, o que nieguen la configuración de una relación de empleo cuando la misma en los hechos se evidencia dependiente. (ver CSJN, “Ramos”)

La amplitud protectoria de nuestro art. 14 bis CN, que contiene a toda forma de trabajo dependiente, impone la acreditación de los extremos que habiliten la contratación de agentes sin permanencia y el examen con criterio restrictivo, de la transitoriedad y especificidad del requerimiento. (ver CSJN, “Ramos”)

“De no ser así, se llegaría a un resultado inaceptable:

que el estado estaría habilitado a contratar servicios personales tanto integrando al prestador en sus cuadros permanentes como en los no permanentes o transitorios, (-) todo ello sin razones serias y objetivas que justifiquen y expliquen el uso de la modalidad elegida y su compatibilidad con la Constitución Nacional.(ver CSJN, “Ramos”)

En este sentido, y similarmente al análisis efectuado por la CSJN en el caso “Sánchez, Carlos Próspero c/ Auditoría general de la Nación”, del 06/04/2010, la demandada no ha dado en el curso del proceso indicación concreta alguna en relación con la tarea realmente desarrollada por el actor, en especial, acerca del carácter transitorio del cargo: los específicos programas de trabajo, el carácter especial, las razones que aconsejaban su realización por el medio escogido, los objetos parciales que se procuraban alcanzar, el cronograma del programa y los plazos estimados para su ejecución. Más aún, no acompañó a la causa contrato alguno para con el demandante ni menos aún una resolución de designación del actor en su cargo ni siquiera como transitorio. De ahí que no asista a su postura el solo hecho de la alegación reiterada de que el reclamante fue contratado dentro del marco legal que le habilitaba la Administración Pública, cuando no específica en qué consistían éstos ni acredita siquiera la designación del mismo ni aún como transitorio.

Tampoco ha dado respuesta contundente en cuanto al pago de la remuneración como contraprestación de los servicios prestados por el actor.El trabajo no se presume gratuito, y el mero escudo en la invocación de una normativa emanada del Estado y el irregular procedimiento en la contratación del accionante no habilita al Estado a evadir la responsabilidad que de ello se derivó. Más aún, no es factible entender -tal como propugna la demandada- que ante la inexistencia de nombramiento formal alguno no existía relación de dependencia, con ausencia de toda subordinación económica, jurídica o técnica, y que el actor no tenía obligación alguna con la PFA y por ende, no le correspondían percibir siquiera salarios por sus prestaciones ni siquiera durante los años en que trabajó. Esta tesitura avasalla los derechos humanos fundamentales de una persona y no puede considerarse siquiera factible su análisis.

De las conclusiones arribadas en los considerandos anteriores, vale decir, que la vinculación de la demandada con el actor obedeció a requerimientos propios de la actividad permanente, normal y regular de la primera, se adiciona un componente relevante más. Tal como surge de los considerandos del expte. administrativo agregado a la causa, la demandada poseía los medios jurídicos para la designación de las necesidades ordinarias de la institución, y la no utilización de aquéllos refuerza el incumplimiento de esta última, desviándose del marco legal.

Sumado a ello, la carencia de exposición de los motivos por los cuales la contratación del actor lo fue de manera transitoria, excluye la utilización de la misma.Esto así, toda vez que no es dable entender que la prestación de servicios por casi siete años, existiendo medios jurídicos para la designación permanente, y sin exposición de las circunstancias fácticas extraordinarias o transitorias que se aducen, se efectúe en un marco de necesidad extraordinaria o que atendían a situaciones diferentes de las normales, toman más riguroso el análisis de la observancia del actuar de la demandada.

De esta manera, la defensa de la accionada en cuanto sostiene que ha obrado haciendo uso de sus facultades discrecionales al efectuar un reordenamiento del plantel docente acorde a las necesidades “actuales” que los cursos necesitaban, deviene inverosímil.

Evoca la CSJN en el fallo “Ramos” que “de no ser así, se llegaría a un resultado inaceptable: que el Estado estaría habilitado a contratar servicios personales tanto integrando al prestador en sus cuadros permanentes, como en los no permanentes o transitorios, cuando no bajo modalidades como las ahora controvertidas, todo ello sin razones serias y objetivas que justifiquen y expliquen el uso de la modalidad elegida y su compatibilidad con la Constitución Nacional. En cualquier materia, inclusive en la laboral [-], la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos” (ver “Ramos”, cit. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, fondo, reparaciones y cost as, sentencia del 2 de febrero de 2001, Serie C Nº 72, párr. 126). Corresponde puntualizar, en este contexto, que si bien el mandato que expresa el tantas veces citado artículo 14 bis, de acuerdo con lo expuesto, se dirige primordialmente al legislador, no por ello su cumplimiento deja de proyectarse sobre los restantes poderes públicos, lo cuales, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima a dicho precepto (“Vizzoti”, cit. P.3688 y sus citas).”

En palabras de la CSJN, los derechos humanos reconocidos en Nuestra Constitución Nacional deben resultar “efectivos y no ilusorios”, por lo que se les debe otorgar y reconocer la plenitud que manda asegurarlos. Asimismo, cabe recalcar que el trabajador es un sujeto de preferente tutela (CSJN, “Vizzoti” y “Aquino”, cit. “Ramos”)

Por todo lo expuesto, es indudable la protección que se le debe al trabajador ante la efectivización de un despido efectuado como consecuencia de la grave injuria de la ausencia de nombramiento alguno por el lapso de casi siete años, y el no pago de sus remuneraciones por dos años consecutivos, .

Por último, y a fin de determinar la reparación que le corresponde al accionante por el despido incausado se debe, en primer lugar, precisar el régimen jurídico de reparación ante la ausencia de respuesta normativa singularizada a la cuestión (conf. art. 15 Código Civil) Para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Código Civil, -de aplicación también al ámbito público tal como lo dispuso la CSJN en el fallo “Ramos”-, es menester recurrir a otros principios o leyes análogas que den respuesta a la particularidad del caso.

A dichos fines, estimo que no le es aplicable al accionante en el presente caso la normativa prevista por la ley 21.965 (Ley para el personal de la Policía Federal Argentina) y por su Decreto reglamentario Nº 1.866/83 y 6581/58, régimen legal específico y excluyente que regula los derechos y obligaciones entre la Policía federal y su personal, ya que no se encuentra acreditado en la causa que el demandante estuviera dentro de las previsiones del art. 1 de la mencionada ley.Ello así, puesto que no surge que la demandada hubiera probado que el actor ostentara el “estado policial” al que alude la mencionada norma, ni que tampoco se agrupara dentro de los escalafones determinados en los Anexos II y III de la citada ley que se pretende aplicar.

Señalado ésto, siguiendo los lineamientos de la CSJN en el ya citado fallo “Ramos”, las normas que fijan pautas indemnizatorias por pérdida del empleo y que guardan mayor analogía con la situación discutida en autos se encuentran en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional ley 25.164, la cual en su art. 11 tutela una solución razonable y equitativa para el caso. En ella, este artículo establece “una indemnización igual a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor”. A ello habrá que adicionársele una suma equivalente a la que se seguiría del período previsto en el párrafo tercero de dicha norma y que se establece en un plazo de doce (12) meses en atención a las características de la injuria efectuada por la demandada ante el no pago de las remuneraciones por dos años consecutivos.

Además de ello, ante la petición señalada en la liquidación de fs. 8, correspondiente al pago de las remuneraciones de los años 2008 y 2009, los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del año 2010, días trabajados del mes de junio del 2010, S.A.C. correspondientes a los dos semestres de los años 2008, 2009, S.A.C.proporcional del año 2010, y el rubro de vacaciones 2010 y su S.A.C., no habiendo documental que acredite que los mismos hubieran sido abonados, corresponde hacer lugar a dicho reclamo.

En cuanto a los rubros de preaviso, e integración del mes de despido, así como las multas previstas por los artículos 80 LCT, artículo 2 ley 25.323 y artículos 8 y 15 ley 24.013 no corresponde el pago de los mismos atento a las conclusiones expuestas en los considerandos primeros por los que se estableció que las disposiciones previstas para el trabajador en el ámbito privado, -como lo son las enunciadas- no corresponden ser aplicadas al caso de autos cuyo ámbito se enmarcó en el régimen público.

A los fines de realizar los cómputos referidos, cabe tener en consideración la fecha de ingreso el 01/03/2004, la del distracto el 11/06/2010 y una mejor remuneración a la fecha de la desvinculación de $ 1.162,05, suma que arroja el perito contador en su informe de conformidad con la grilla de salarios correspondiente a los docentes universitarios publicada por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires y acorde a la actividad prestada en forma de “dedicación simple”. (ver fs. 133/137)

En definitiva, la pretensión obtendrá favorable acogida conforme la liquidación que a continuación se pormenoriza:

1) Indemnización Art. 11 Ley 25.164 (7 períodos): 8.134,35

2) Indemnización de 12 meses: 13.944,60

3) Salarios impagos año 2008: 13.944,60

4) Salarios impagos año 2009: 13.944,60

5) Salarios impagos año 2010 (enero, febrero, marzo, abril y mayo): 5.810,25

6) Días trabajados (11 días x $1.162,05/30) 426,08

7) S.A.C. año 2008: 1.162,05

8) S.A.C. año 2009: 1.162,05

9) S.A.C. proporcional año 2010:520,53

10) Vacaciones proporcionales año 2010 (20 días x $1.162,05 /30): 929,64

11) S.A.C. sobre vacaciones proporcionales 2010: 77,47

TOTAL DIFERIDO A CONDENA: 60.056,22

Todas las sumas arribadas devengarán un interés desde la fecha del distracto (11/06/2010) correspondiente al interés de la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses. Todo ello hasta el efectivo pago (conforme Art. 622 del C.C. y Actas Nº 2.600 del 7/5/2014 y Nº 2.601 del 21/5/2014 ambas de la C.N.A.T.).

Consecuentemente, y por las razones hasta aquí expresadas, corresponde revocar la sentencia apelada y condenar a la demandada a pagar la suma de $ 60.056,22 (PESOS SESENTA MIL CINCUENTA Y SEIS CON

VEINTIDÓS CENTAVOS), con más los intereses dispuestos en el considerando anterior, a cuyo efecto corresponde aclarar que su cumplimiento deberá canalizarse a través del procedimiento establecido por el artículo 22 de la ley 23.982.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde adecuar la imposición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto, por lo que resulta abstracto el tratamiento de las apelaciones deducidas al respecto.

Así, de conformidad con el resultado propuesto postulo que las costas de ambas instancias se declaren a cargo de la demandada vencida (art. 68 CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec.16.638/57, y las tareas llevadas a cabo en primera instancia -tanto judiciales como extrajudiciales-, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 18% y 13%, respectivamente, y los de la perito contador en el 8%. Los mencionados porcentajes, en la oportunidad prevista en el art.132 de la L.O., deben aplicarse sobre el monto total de condena -capital e intereses-.

Con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21839 habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia propongo regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 207/2012, y de fs. 216/217 por sus trabajos en esta alzada en el 25% para cada una, de las sumas que les corresponda percibir respectivamente por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Miguel Ángel Pirolo dijo: adhiero al voto de la Dra. Graciela A. González, por compartir sus fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte, ley 18.345), el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar la sentencia de fs. 105 y condenar a la demandada a pagar la suma de $ 60.056,22 (PESOS SESENTA MIL CINCUENTA Y SEIS CON VEINTIDÓS CENTAVOS), con más los intereses correspondientes a la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses. Todo ello hasta el efectivo pago (conforme Art. 622 del C.C. y Actas Nº 2.600 del 7/5/2014 y Nº 2.601 del 21/5/2014 ambas de la C.N.A.T.), a cuyo efecto corresponde aclarar que su cumplimiento deberá canalizarse a través del procedimiento establecido por el artículo 22 de la ley 23.982. 2) Dejar sin efecto lo impuesto en materia de costas y honorarios en la anterior instancia. 3) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida. 4) Regular los honorarios por sus trabajos en primera instancia de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada y los del perito contador en el 18%, 13%, y 8% respectivamente, del monto de condena con más sus intereses. 5) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 207/2012, y de fs. 216/217 por sus trabajos en esta alzada en el 25% para cada una, de las sumas que les corresponda percibir respectivamente en la instancia anterior. 6º) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

Graciela A. González

Juez de Cámara

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