Partes: Moriconi Hugo F. c/ AFA SCL s/ cobro de pesos – laboral

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario

Sala/Juzgado: III

Fecha: 29-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-94581-AR | MJJ94581 | MJJ94581

Existe mala fe por parte del trabajador quien interrumpió el vínculo laboral por haber sido suspendido con goce de haberes por más de 30 días, no estando autorizado el despido indirecto.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda por la que el trabajador, reclama diversos rubros derivados del despido indirecto, desde que una suspensión precautoria mayor a 30 días no autoriza al despido indirecto, sin más, ya que dentro del marco que establece el art. 243 de la LCT, los términos de la comunicación rescisoria atañen al adecuado ejercicio del derecho de defensa de las partes, evitando actitudes reñidas con la buena fe a las que las partes están obligadas incluso al estar suspendidas ciertas obligaciones del contrato de trabajo o al extinguirlo (art. 63 LCT), de donde se explica el porqué de la invariabilidad de la causal en el juicio posterior.

2.-Cuando el trabajador suspendido por más de 30 días, se consideró despedido rompió el vínculo sin permitir a la empleadora reconsiderar la procedencia de su conducta, demostrando un claro menosprecio por el principio de conservación del contrato que, según el propio actor superaba los 42 años de antigüedad, y con el reconocimiento de que la medida siquiera acarreaba un perjuicio económico ya que la suspensión era con goce de haberes, no cabe más que el rechazo de la demanda, desde que el apresuramiento puso un fin irremediable a cualquier chance de revertir un presunto incumplimiento contractual.

3.-La falta de buena fe al apresurarse el trabajador a interrumpir el vínculo por haber sido suspendido con goce de haberes por más de 30 días, cuestiona cualquier grado de justificación de esa actuación inexplicable, reiterando que la madurez del vínculo y la ausencia de perjuicio económico no urgía una definición tan precipitada.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa, a los 29 días del mes de abril del año dos mil quince, se reunieron en Acuerdo los señores vocales de la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Laboral, Dres. Angel Félix Angelides, A. Ana Anzulovich y Eduardo E. Pastorino para resolver en autos caratulados “MORICONI, HUGO F. C/ AFA SCL S/COBRO DE PESOS LABORAL” – Expte. N° 160 Año 2014, venidos en apelación y conjunta nulidad del Juzgado de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la Segunda Nominación de Casilda. Hecho el estudio del pleito se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1.- ¿ES NULA LA SENTENCIA RECURRIDA?

2.- ¿ES JUSTA LA DECISIÓN APELADA?

3.- ¿CUÁL ES EL PRONUNCIAMIENTO A DICTAR?

Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Dres. Angelides, Anzulovich y Pastorino.

1.- A la primera cuestión. El Dr. Angelides dijo: El recurso de nulidad interpuesto por la parte actora a f. 261 no ha sido fundado en la ocasión prevista y, por lo tanto, cabe declararlo desierto, por no mantenido.

Voto por la negativa.

A idéntica cuestión, la Dra. Anzulovich dijo: Comparto los fundamentos expresados por el vocal que me precede, por lo cual voto en su mismo sentido.

A igual cuestión, el Dr. Pastorino dijo: Advirtiendo la existencia de dos votos totalmente coincidentes, me abstengo de emitir opinión (art. 26 ley 10160).

2.- A la segunda cuestión. El Dr. Angelides dijo: La sentencia de primera instancia N° 680 de 23 de mayo de 2014, obrante a fs. 252/8, a cuyos fundamentos de hechos y de derecho me remito en razón de la brevedad, rechaza la demanda, con costas a la vencida.

El actor se alza en apelación contra el acto decisorio, a f. 261. Concedido el recurso y elevadas las actuaciones, expresa sus agravios mediante memorial de fs. 278/87, los que son contestados con el escrito de fs. 289/99.

AGRAVIOS

Se agravia la apelante en cuanto la sentencia de grado:juzga acreditado que su suspensión precautoria en el puesto de trabajo era necesaria y que el plazo de 55 días era razonable; considera que la no impugnación de la primera suspensión implicó admitir que la misma podría extenderse más allá del término legal de 30 días; desechó la configuración de una persecución; no estima el concepto excelente que siempre tuvo en sus años de servicio y que era asociado de AFA además de empleado; también omite que durante la primera suspensión no se le dio a su persona participación en el sumario interno y que el resultado es una manifestación unilateral; tampoco pondera que la demandada dejó de promover la acción penal en 2008; finalmente, refiere que no se expide sobre su verdadera fecha de ingreso.

Realizado el estudio pertinente, arribo a la conclusión de que los agravios -que trataré en el orden que considere más adecuado- no revisten la entidad suficiente para modificar la sentencia impugnada.

En efecto:

1.

a) El quejoso reprocha que el a quo deja de lado la doctrina que postula que la suspensión precautoria debe tener un plazo máximo de treinta días en el año a partir de la primera suspensión. También refuta la afirmación de éste respecto a que este tipo de medidas no es asimilable a la suspensión reglada por los arts. 218 y 224 LCT, alegando que “.si bien es cierto que en cuanto a la causa esas suspensiones no son asimilables, si lo son en cuanto a su forma, extensión y aplicación” (f. 281 vta.).

Continúa expresando que es un error resolver que, por no haber impugnado la primera suspensión, trasuntó una tolerancia a la modificación de los términos del contrato que le obligan al empleador a dar trabajo.El apelante justifica que no lo hizo, dado que la medida derivaba de las facultades del empleador y reunía los recaudos legales “pero luego la demandada aplica una segunda suspensión que, además de exceder el plazo legal, al momento de su aplicación, es donde la propia demandada reconoció negligencia en la tramitación del sumario ‘la demora en la recolección de la cosecha producida por los extraordinarios temporales de lluvias habidos en la zona, influyó decididamente en los términos de la investigación’ (f. 282). Agregando que era falso que se estuviera esperando la concurrencia de los productores porque “.eran llamados a sus casas y en algunos casos interrogados en sus domicilios particulares” (ídem).En la misma línea, destaca la interesada que “.del propio sumario interno surge que durante la primera suspensión (desde el 19/03/07 hasta la segunda 19/04/07) se tomaron sólo tres de doce declaraciones rendidas. clara muestra de la falta de diligencia que tuvo AFA en la prosecución del trámite” (fs. 282 y vta.). En ese contexto donde Moriconi plantea que la ampliación de la suspensión por veinticinco días más fue una provocación que configuró una injuria en sí misma “.desde el momento en que además de superar el lapso legal, al serle notificada. nada se le informa sobre la demora de la investigación y nada se le dice sobre la posibilidad de intervenir en el sumario” (fs. 285 vta./6).

Asimismo, reputa equivocado que el magistrado colija que, por la buena fe que impera en la relación laboral, si el trabajador no impugna la suspensión precaucional fundada en una investigación interna, debe admitirse que la misma se extenderá durante la investigación. En contraposición, el quejoso manifiesta que se estaría confundiendo la suspensión precaucional con la preventiva que puede prologarse hasta la conclusión de un proceso penal.b) Primeramente, cabe un resumen sucinto sobre el plano fáctico central que llega firme a este grado, para luego sí considerar los argumentos referidos.

En la demanda se afirma que Moriconi ingresa a Agricultores Federados Argentinos SCL (AFA de aquí en adelante) sin ser jamás sancionado desde su ingreso, pese a que en los últimos 14 años (desde 1993) pasaron por el Centro Primario Casilda cuatro gerentes, tres de los cuales fueron removidos de ese lugar de trabajo por supuestas irregularidades en la transferencias de cereales (Pettracchi, Parolo y Delmonte). Dice que su actuación siempre se conformó a las órdenes de los superiores (cfr. fs. 24 y ss.).

Comenta que el 19 de marzo de 2007 se sorprende por una misiva donde se lo suspendía con goce de sueldo desde el 20 de marzo a 20 de abril por una auditoria interna, iniciada ante la presunta participación incompatible de empleados en la intermediación en préstamos de mercadería entre asociados utilizando como instalación para las transferencias y/o pagos el Centro Cooperativo Primario Casilda de AFA. Explica que la acató por su plena seguridad de que la investigación no tenía relación con su proceder. La nueva sorpresa -adiciona- fue que se le prórroga la suspensión cautelar con pago de las remuneraciones por otros veinticinco días desde el 20 de abril. Así, aduce que el exceso de los treinta días lo autorizó a darse por despedido indirectamente.

c) Ingresando al tratamiento de los agravios, destaco que la presente causa gira en torno a un despido indirecto explicitado en el telegrama laboral de 24 de abril de 2007 que se transcribe a continuación, en lo pertinente: “.en una actitud de manifiesta mala fe. pretenden aplicarme en forma preventiva y/o precautoria una suspensión que sólo es procedente en los casos de denuncia criminal. y/o en los casos de existencia de un sumario interno. en donde el trabajador cuenta con posibilidad cierta de ejercer su derecho de defensa (…) la situación queda indefectiblemente comprendida dentro de las disposiciones de los arts.67, 218 y 220 y concordantes de la LCT. Niego por no ser cierto haber intermediado en préstamos de mercadería entre asociados (…) hasta el presente, es evidente (como ha sucedido) que no se ha encontrado ningún elemento que amerite el inicio de un sumario tendiente a establecer mi responsabilidad en algún hecho (…) Entonces no habiendo conducta laboral punible, no existe proporcionalidad requerida por la ley entre el hecho y la sanción. Es así que me siento acosado y perseguido por la conducta asumida (…) Además el plazo máximo de suspensión establecido por el art. 220, no puede exceder de 30 días por año calendario (…) habiéndose configurado la situación estatuida por el art. 222 de la LCT me considero gravemente injuriado.” (fs. 14 y 39 vta.).

A partir de ese texto, el magistrado deduce que la injuria podría sintetizarse en que el trabajador acusa que se excedió el plazo máximo de 30 días de suspensión, conforme el art. 220 LCT (cfr. fs. 255 y vta.). Afirmación que llega consentida a este grado revisor, cuando el recurrente explicita en su expresión de agravio: “Si bien ello es cierto, no es excluyente, y fue allí donde omitió considerar la actitud de difamación que la demandada había desarrollado en contra de Moriconi” (f. 279 vta.). Por lo tanto, más allá de esa supuesta injuria aledaña -conducta persecutoria- cuyo examen se difiere, no se me escapa que el tema a decidir radica en corroborar si una suspensión precautoria mayor a 30 días autoriza al despido indirecto, sin más. Recuérdese que dentro del marco que establece el art. 243 de la LCT, los términos de la comunicación rescisoria atañen al adecuado ejercicio del derecho de defensa de las partes, evitando actitudes reñidas con la buena fe a las que las partes están obligadas incluso al estar suspendidas ciertas obligaciones del contrato de trabajo o al extinguirlo (art.63 LCT), de donde se explica el porqué de la invariabilidad de la causal en el juicio posterior.

La invariabilidad, a su vez, implica desechar la introducción tardía atinente a que la injuria se configura tanto por la superación del lapso legal como que al serle notificada la prórroga de la suspensión “.nada se le informa sobre la demora de la investigación y nada se le dice sobre la posibilidad de intervenir en el sumario.” (f. 286). Nótese que el despacho que pone fin al nexo entre las partes menciona específicamente “.desde el inicio de la auditoria -tendien te a verificar supuestas actividades contrarias a los fines de la empresa- y hasta el presente, es evidente (como ha sucedido) que no se ha encontrado ningún elemento que amerite el inicio de un sumario tendiente a establecer mi responsabilidad en algún hecho susceptible de acarrear sanción disciplinaria” (f. 14). Es decir que no podría entrar dentro de las injurias un secretismo que no podía ser tal si Moriconi afirmó la inexistencia de evidencia en su contra dentro del sumario.

Entonces, se reitera que el debate no se centra en la prueba de la imputación en el sumario interno (préstamos de cereales) o en la violación a garantías de defensa, sino en la temporalidad, buena fe y razonabilidad de la finalización contractual por parte del actor. Este motivo preliminar suprime la trascendencia eventual de que la pericia contable no pueda determinar si Moriconi obtuvo beneficios económicos por los préstamos o si no perjudicaba a AFA porque los préstamos los hacía a personas cuya situación no los habilitaba a acceder al crédito que la entidad solía otorgar, ni si los anteriores gerentes avalaban este tipo de transacciones (cfr. fs. 279 y vta.y 284 vta.).

Siguiendo el hilo argumentativo dirimente -ampliación de la suspensión como injuria autónoma y determinante- el magistrado anterior dirime que “.al pretender renovarse la suspensión, el trabajador es quien debió manifestar su oposición y exigir del empleador el cumplimiento del deber de ocupación (artículo 78 LCT) bajo apercibimiento de denunciar el contrato. La denuncia del contrato sin conferir a la patronal la posibilidad de que revise su decisión constituye un accionar contrario a la buena fe por parte del trabajador (…) La ruptura del contrato sin la posibilidad de que la empleadora revisara una decisión que contó con el asentimiento del trabajador, constituye un accionar contrario al deber de lealtad y buena fe que rige la relación laboral” (f. 255 vta.). Obsérvese que, pese a los dichos del quejoso relativos a que el juez decide sin fundamentos, cita doctrina que avala la superación del plazo de 30 días si la no concurrencia del trabajador a su empleo lo fuera con la percepción del sueldo (cfr. fs. 256 y 278 vta.).

Igualmente, la demostración irrefutable de que le asiste razón al a quo viene dada por la misma apelación que busca revertir el aserto anterior manifestando que: “.el sumario administrativo. tuvo el informe final (de carácter unilateral) en el mes de agosto de 2007, la pregunta que aquí cabría es: si Moriconi no se hubiese colocado en situación de despido indirecto ¿AFA hubiese mantenido al actor suspendido durante el lapso de cinco meses?” (f. 282 vta.). Es que ese interrogante sólo tiene cabida desde que el otrora trabajador rompió el vínculo intempestivamente, sin permitir a la empleadora reconsiderar la procedencia de su conducta, demostrando un claro menosprecio por el principio de conservación del contrato que -vale destacar- según el propio actor superaba los 42 años de antigüedad, y con el reconocimiento de que la medida siquiera acarreaba un perjuicio económico ya que la suspensión era con goce de haberes (cfr. f.25 vta.).

El apresuramiento indicado puso un fin irremediable a cualquier chance de revertir un presunto incumplimiento contractual, lo que ahora sella la suerte del remedio impugnativo, en tanto esa falta de buena fe cuestiona cualquier grado de justificación de esa actuación inexplicable, reiterando que la madurez del vínculo y la ausencia de perjuicio económico no urgía una definición tan precipitada. La cuestión era tan poco asertiva que, a la fecha, el demandante mantiene su postura de que los préstamos a productores con recursos propios no resulta una tarea incompatible con su calidad de empleado (cfr. fs. 62, 256 vta. y 280/1).

En todo caso, mayor era el recato que le tocaba a Moriconi en esta circunstancia, pues ya había sido pasible de un sumario interno anterior (2004), del cual había surgido que había prestado cereal propio y si bien aclara que lo “.realizaba como asociado a la cooperativa y no como empleado y que contaba con el consentimiento de los gerentes de turno.” (f. 279 vta., contrastar con f. 281), también confiesa que se comprometió a no hacerlo nuevamente (cfr. fs. 68 del anexo de la pericia contable y 280/3). En definitiva, sin considerar la negligencia o la falta de premura con la que la empleadora se movió en la pesquisa, tampoco se prueba una “conducta persecutoria desde 2004”, puesto que había precedentes de este tipo de recaudos: no era la primera vez donde se puso en entredicho el obrar de este dependiente. Inclusive, el demandante admite expresamente que desde principio de los ’90 se realizaban auditorías sobre la operación general del centro cooperativo primario con asiento Casilda, así como la remoción de cuatro gerentes por irregularidades en las transferencias de cereales.

El recurrente arguye que “.el consejero de AFA, Gargicevich en su declaración manifiesta que previo al inicio del sumario ya se había votado por el despido de Moriconi (…) Es decir que la actitud de AFA reflejaba la crónica de un despido anunciado, mucho antes de la instrucción del sumario interno” (f.285 vta.). En verdad, este testigo no precisa cuándo fue la reunión, ni tampoco saber el resultado de la votación (cfr. fs. 160 y vta., repregunta 2° del actor). Sin perjuicio de hacer notar que la desvinculación podría haberse dilatado ante la duda sobre una eventual injuria grave del actor, cuestión trascendente al momento de decidir la modalidad del despido directo -con expresión de justa causa o no- respecto de un trabajador con semejante antigüedad.

A mayor abundamiento, menos aún queda probada la persecución, en la hipótesis de tenerla como injuria concomitante para definir el asunto. Que en el sumario de 2007 se estudiaran transacciones de 2003 o 2004 no significa que vayan a ser el motivo de una sanción posterior. En segundo lugar, que el testigo Marcos Antonio Bacalini deponga que conoció la falta de cereales de su cuenta por el auditor de la AFA no demuestra que la investigación sea artificiosa o inducida, pues formaría parte de la acumulación de datos para discernir el asunto (cfr. fs. 126 y vta.). El mismo fundamento cabe para Cognigni, a quien el auditor Antonelli la llamó por teléfono para averiguar si ella había prestado soja a Moriconi, devolviéndole el dinero AFA tras la entrega del contrato que había firmado con Moriconi (cfr. fs. 152 y vta., ptas. 6° y 7°). En cuanto al declarante Delmonte, si bien dice que había una persecución -como afirma el juez y no se lo critica en el punto- admite que los comentarios negativos de Moriconi no los escuchó de funcionarios de AFA (cfr. fs. 171, ptas. 5° y 8° con 257 vta.).

Tampoco cabe el argumento referente a una desproporción entre el hecho imputado y la sanción toda vez que la suspensión cautelar no participa de esa naturaleza jurídica. Justamente, como lo destaca la doctrina y jurisprudencia es un instrumento no previsto legalmente, orientado a constatar una presunta falta laboral, previo a tomar cualquier medida disciplinaria.Caso contrario, no se entendería por qué la suspensión no acarreó la ausencia de la remuneración. Así, el a quo no confunde la suspensión preventiva con la precaucional, sino que el apelante lo hace entre la precaucional y la disciplinaria (cfr. f. 282).

De todas formas, sella la suerte del recurso la conducta asumida por Moriconi al extinguir el contrato de trabajo, violatoria de los elevados principios de continuidad y buena fe que lo informan, al no cursar requerimiento previo alguno a la empleadora respecto de los deberes de ésta que consideraba incumplidos, debiendo tenerse en cuenta además que la única causal que puede valorar el Tribunal es la consignada en la notificación respectiva.

He de rechazar los agravios.

2.

Como último agravio, censura la quejosa que el juzgador “Nada refiere acerca de la fecha inserta en el recibo de sueldo (01-08-69) y la verdadera fecha de ingreso de Moriconi, que fue en el año 1965, es decir cuatro años antes”. Asegura que la última quedó probada por casi la totalidad de los testigos: Petracci, Trobbiani, Gargicevich y Delmonte.

Ante la calificación consolidada de que el despido indirecto fue injustificado, en cotejo con los rubros peticionados en la demanda (v.gr. indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso) dirimir la extensión efectiva de la relación se torna abstracto.

A la segunda cuestión, voto por la afirmativa.

A similar cuestión, la Dra. Anzulovich dijo: Coincido con las razones manifestadas, por lo cual voto en igual sentido.

A igual cuestión, el Dr. Pastorino dijo: Por análogas razones a las expresadas respecto de la primera cuestión, me abstengo de emitir opinión.

3.- A la tercera cuestión. El Dr. Angelides dijo: Corresponde: 1) Declarar desierto el recurso de nulidad. 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandante y confirmar, en cuanto fue materia de recurso y agravios, la sentencia impugnada. 3) Costas al vencido (art. 101 CPL). Los honorarios de la Alzada se establecen en el 50% de los que se fijen en primera instancia (art.19 de la ley 6767).

A la misma cuestión, la Dra. Anzulovich dijo: Adhiero a la decisión propuesta por el Dr. Angelides, por lo cual voto en su mismo sentido.

A igual cuestión, el Dr. Pastorino dijo: Que habiendo tomado conocimiento de dos votos totalmente coincidentes, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26 ley 10.160).

Practicada la votación pertinente, la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Laboral;

RESUELVE: 1) Declarar desierto el recurso de nulidad. 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandante y confirmar, en cuanto fue materia de recurso y agravios, la sentencia impugnada. 3) Costas al vencido (art. 101 CPL). Los honorarios de la Alzada se establecen en el 50% de los que se fijen en primera instancia (art. 19 de la ley 6767). Insértese, hágase saber y oportunamente, vuelvan al Juzgado de origen. (Autos: “MORICONI, HUGO F. C/ AFA SCL S/COBRO DE PESOS LABORAL” – Expte. N° 160/2014).

ANGELIDES

ANZULOVICH

PASTORINO

(Art. 26 ley 10160)

GUTIÉRREZ

-Secretario-

Microjuris

© 2015 Estudio Jurídico Del Rincón

Estudio Jurídico del Rincón

Desarrollo:  SINESES